Cámara al Hombro - Criminalización de la protesta indígena en Panamá

La criminalización de la protesta de los pueblos indígenas es un flagelo común en América, y Panamá no escapa a esta realidad. Los pueblos originarios de Panamá reclaman al Gobierno panameño respetar sus derechos sin imposiciones políticas y exigen compromiso ante flagelos sociales que los afectan.

El interés de transnacionales y grandes capitales en las tierras que les pertenecen, los recursos naturales que poseen y protegen, se tornan cada vez más atractivos en un país sin industrias a gran escala, dependiente de sus sistemas de servicios.

Las presiones cada vez más evidentes y sucesiones de imposiciones inconsultas, han llevado a las calles a grupos indígenas de todo el país. A la persecución de sus dirigentes, e incluso a la muerte de manifestantes en manos de la Policía Nacional.

A pesar de que existen algunas legislaciones que los protegen, en la práctica el problema es más complejo. Los pueblos originarios de Panamá reclaman al Gobierno respetar sus derechos sin imposiciones políticas y exigen compromiso institucional ante los flagelos sociales que los afectan. Es en las comarcas indígenas donde se encuentran los índices más altos de pobreza extrema y desnutrición, así como las peores condiciones de educación y salud pública.

Conflictos como los de la comarca Ngäbe Buglé, en el oeste del país ístmico, contra la hidroeléctrica de Barro Blanco, y las invasiones de colonos y campesinos en todas las comarcas quedan aislados detrás de cercos mediáticos, que igual que la fuerza desmedida y los gases lacrimógenos de la Policía Nacional, contribuyen a la estigmatización y criminalización de la protesta indígena en Panamá.

Sara Morales Gallego, Ciudad de Panamá.

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