“La ONU es muy clara en lo que respecta a la pena de muerte y se opone a ella en todas las circunstancias”, ha afirmado este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mediante un comunicado publicado por su oficina.
En este sentido, ha exigido públicamente a las autoridades de Israel que retiren el proyecto de ley que contempla la imposición obligatoria de la pena capital a palestinos en varios casos, un texto que, según el funcionario de la ONU, contradice el derecho internacional en varios niveles.
Una serie de propuestas presentadas ante el parlamento israelí (knesset) para reducir el umbral para la aplicación de la pena capital plantean graves preocupaciones con respecto a la discriminación contra los palestinos y la violación de sus derechos al debido proceso, así como otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
“Es profundamente difícil reconciliar este castigo con la dignidad humana, por lo que genera el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”, ha aseverado Turk en la nota.
En el comunicado, ha denunciado que la iniciativa “genera otras preocupaciones a nivel de derechos humanos, debido a que es discriminatoria al aplicarse exclusivamente a palestinos”, quienes a menudo son condenados después de juicios injustos.
El Alto Comisionado ha agregado que el derecho internacional humanitario prohíbe la imposición de la pena de muerte a personas que viven en un territorio ocupado sin las debidas garantías judiciales, recordando que negar a cualquier palestino de Cisjordania y Gaza las garantías de un juicio justo establecidas en el Cuarto Convenio de Ginebra equivale a un crimen de guerra.
El proyecto de ley fue ideado por el extremista ministro de seguridad interna israelí, Itamar Ben‑Gvir, quien difundió en noviembre un vídeo en su canal de Telegram, en el que se veía a prisioneros palestinos tendidos boca abajo, con las manos atadas a la espalda, mientras él exigía aplicar la “pena de muerte” para los encarcelados.
Esta iniciativa se produce en un contexto descrito como alarmante, con miles de palestinos detenidos en cárceles israelíes, muchos sin cargos formales y sometidos a condiciones severas, tortura, abuso físico y negación de visitas legales, lo que ha llevado a organizaciones a concluir que la pena de muerte sería una extensión legislativa de prácticas de violencia estatal.
Muere otro prisionero palestino en una cárcel israelí
En este marco, la agencia palestina WAFA informó el jueves de la muerte del detenido Hassan Issa al-Qash’ala, de la ciudad de Rahat, dentro de la prisión israelí de Beersheba. Al-Qash’ala había estado encarcelado durante más de 13 meses y su liberación estaba inicialmente prevista para hace seis meses.
Su muerte se produce en medio de un fuerte aumento de muertes bajo custodia desde el inicio de la agresión israelí en octubre de 2023, periodo en el que las muertes reconocidas de palestinos detenidos han superado las 100.
Paralelamente, el Centro Palestino para Estudios de Prisioneros denunció el jueves que en los últimos dos años se ha registrado la tasa más alta de ejecuciones extrajudiciales, con 32 prisioneros asesinados en 2025, tras 43 en 2024, elevando a 323 el total de palestinos muertos bajo custodia israelí desde 1967 muchos procedentes de Gaza y Cisjordania, incluidos presos mayores y menores.
Asimismo documentó el uso de métodos letales de interrogatorio en centros como Sde Teiman, Ofer y la prisión del Néguev, entre ellos descargas eléctricas, desnudez forzada en frío extremo, uso de perros, privación de alimentos, agresiones sexuales y negligencia médica, incluso con grabaciones filtradas que evidencian estos abusos.
El régimen de Israel ha matado al menos a 71 271 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a otros 171 233 en ataques en Gaza desde octubre de 2023.
El alto el fuego implementado el 10 de octubre del año pasado pretendía poner fin a la guerra, sin embargo, Israel lo ha violado a diario, causando cientos de víctimas adicionales.
Israel continúa imponiendo restricciones al ingreso de alimentos y medicinas a Gaza, donde aproximadamente 2,4 millones de palestinos enfrentan graves desafíos humanitarios, según la oficina de medios del gobierno de Gaza.
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