“La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros suspenderán las invitaciones al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Birmania y otros altos mandos militares y revisarán toda la cooperación práctica en materia de defensa”, han asegurado este lunes los cancilleres de los Veintiocho en el texto de conclusiones sobre Myanmar (Birmania) que han aprobado en su reunión en Luxemburgo.
Los cancilleres han tachado de “extremadamente grave” la situación humanitaria y de los derechos humanos en el estado de Rajine (oeste de Myanmar), debido al “uso indiscriminado de armas de fuego, la presencia de minas terrestres y actos de violencia sexual y de género”.
En este contexto, los jefes de la Diplomacia europea han exhortado a los militares birmanos a cesar “inmediatamente” todos los actos de violencia contra esta población y han amenazado con adoptar “medidas adicionales si la situación no mejora” en el mencionado estado.
La UE y sus Estados miembros suspenderán las invitaciones al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Birmania y otros altos mandos militares y revisarán toda la cooperación práctica en materia de defensa”, según los cancilleres de la Unión Europea (UE).
Asimismo, han reclamado al Gobierno birmano llevar ante la justicia a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos al tiempo que han instado a las autoridades de este país a cooperar plenamente con la misión de investigación internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a garantizar su acceso.
Las medidas violentas contra los rohingyas comenzaron casi un mes antes del 25 de agosto, cuando el Ejército birmano lanzó una campaña militar contra esta etnia musulmana en Rajine.
La ONU ha tachado de limpieza étnica y de crímenes de lesa humanidad los ataques de militares birmanos contra esta minoría y el pasado jueves anunció que a partir del 25 de agosto, 536.000 refugiados rohingyas han llegado desde este estado a Bangladés y la mayoría de ellos son niños.
Myanmar, dominado por los budistas, tiene a sus espaldas un largo historial de discriminación y persecución contra los musulmanes. El Gobierno birmano los considera como inmigrantes indocumentados de Bangladés, mientras la comunidad internacional y grupos pro derechos humanos rechazan tales argumentos, asegurando que esa minoría musulmana tiene raíces históricas en el territorio birmano.
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