• Una visión general del edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid, la capital.
Publicada: jueves, 7 de septiembre de 2017 20:16
Actualizada: jueves, 7 de septiembre de 2017 21:27

El Tribunal Constitucional de España suspende cautelarmente la ley aprobada por el Parlamento catalán para convocar un referéndum secesionista.

Los magistrados, por unanimidad, han acordado este jueves notificar personalmente al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los alcaldes de la región autonóma su decisión de que impidan y paralicen cualquier acto preparatorio de la consulta, al tiempo que les advierten de que podrían incurrir en responsabilidad penal.

La admisión a trámite de los recursos presentados por el Gobierno central supone la suspensión cautelar de la ley de referéndum así como de los decretos relacionados con la convocatoria que quedarán automáticamente anulados de forma provisional durante los próximos cinco meses y no podrán desarrollarse dentro de la legalidad.

El miércoles Puigdemont firmó y promulgó la ley que convoca el referéndum de independencia para el 1 de octubre, tras ser aprobada por el Parlament.

 

Los magistrados, reunidos con carácter de urgencia, no han tenido que entrar a debatir el fondo del asunto, porque el bloqueo de esas normas es automático, conforme la Constitución, y solo han verificado que el cumplimiento de los requisitos formales de los cuatro recursos presentados por el Gobierno central contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación de Cataluña. 

Por tanto, ninguna de las acciones que quiera autorizar o desarrollar el Parlament catalán será legal si se basa en esas normas ahora suspendidas.

No obstante, el Gobierno del presidente español, Mariano Rajoy, solicitaba en sus recursos una acción más concreta y directa del Constitucional, mientras que los jueces han ordenado que se advierta por carta a todas autoridades de la Cataluña relacionadas con la organización de la consulta que la ley promulgada por el Govern está anulada con la mención expresa y el recordatorio de que deben impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a poner en práctica dicho referéndum.

Tras conocerse la medida de Puigdemont, Rajoy pidió al Constitucional que impugne el decreto de convocatoria de la consulta que divorciaría a Cataluña de España y afirmó tajantemente que no habrá dicho referéndum de autodeterminación.

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