El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, ha comparecido en la sede de la Fiscalía para leer una nota oficial en la que da cuenta de las actuaciones que el Ministerio Público está llevando a cabo contra los miembros del parlamento y el gobierno catalanes.
"Estamos ultimando querellas criminales contra la Mesa del Parlamento y los miembros del Gobierno catalán por haber convocado el referéndum", ha declarado Maza en su comparecencia, en la que no ha aceptado ninguna pregunta de los reporteros.
El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, así como todos sus consejeros, firmaron ayer miércoles el decreto de convocatoria de un referéndum de independencia para el próximo 1 de octubre, razón por la que hoy se han presentado las querellas en su contra.
Tras tachar de “ilegal” la convocatoria soberanista, el fiscal general ha insistido en que la Fiscalía hará todo lo que esté en su poder para defender la Constitución y mantener la integridad territorial de España.
“Seguiremos actuando con firmeza, proporcionalidad, celeridad y plena sujeción a la legalidad para garantizar nuestro marco constitucional”, ha dicho.
Estamos ultimando querellas criminales contra la Mesa del Parlamento y los miembros del Gobierno catalán por haber convocado el referéndum", ha declarado el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza.
El Govern había asegurado ayer miércoles a la Fiscalía General que convocar un referéndum no es un delito, según las leyes y la Constitución de España, y que no se pueden presentar cargos contra quienes convoquen una.
“El Tribunal Constitucional, en sentencia del 5 julio de 2011 rechaza la reforma del Partido Popular para intentar que fuera delito (…). Cualquier actuación del fiscal o de cualquier institución del Estado sobre algo que no es delito atentaría contra el artículo 49 de la Carta de la Unión Europea”, dijo el portavoz del gobierno de la Generalitat, Jordi Turull.
A principios de junio pasado, Puigdemont anunció la celebración el 1 de octubre de un referéndum sobre una hipotética independencia de la región respecto del resto de España. Desde entonces, el Gobierno central, en manos del conservador Partido Popular (PP), ha rechazado con rotundidad la consulta.
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