El coordinador de la organización pro derechos humanos en Estados Unidos, Thomas Rachko, ha advertido este miércoles de las “terribles” consecuencias que dicho plan tiene para los solicitantes de asilo y sus familias.
El funcionario ha afirmado que la medida es “la piedra angular” del Gobierno del país norteamericano, presidido por el presidente estadounidense, Donald Trump, “para destripar el derecho a solicitar asilo” en EE.UU.
Según está establecido en el programa ‘Protocolos de Protección al Migrante', los que exigen asilo en Estados Unidos deben esperar en México hasta que las autoridades de inmigración estadounidenses evalúen sus demandas.
A juicio de Rachko, este proceso priva a los solicitantes del derecho de asilo “poniéndoles en peligro en las ciudades fronterizas mexicanas”.
Al respecto, ha subrayado el deber del Congreso para poner fin a este tipo de políticas y aprobar leyes que garanticen la dignidad de las personas y la evaluación “justa y oportuna” de las peticiones, ya que, según datos del propio Gobierno estadounidense, el 4 % de los solicitantes logra ser representado por un abogado.
HRW ha informado del envío de más de 59 000 migrantes, entre ellos 16 000 niños, a México hasta el final de 2019. En este sentido, ha reportado de 816 casos de secuestro, violaciones, torturas, y otros tipos de violencia que han experimentado los solicitantes de asilo en el territorio mexicano durante dicho periodo.
A raíz de un pacto rubricado el pasado mes de junio entre EE.UU. y México, este último se comprometió a reducir el tráfico de migrantes sin convertirse en un tercer país seguro. La meta principal del pacto fue frenar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, medida que estaba previsto que entrara en vigor el 10 de junio y con la que Trump, amenazaba al Ejecutivo mexicano si no tomaba medidas para contener el flujo migratorio.
La negativa de EE.UU. a recibir migrantes se extremó desde la llegada a la presidencia de Trump, quien en su campaña electoral había prometido construir “un muro” en la frontera con México de unos 3200 kilómetros. El inquilino de la Casa Blanca ha dispuesto diversas medidas antinmigración, entre ellas figuran la militarización de la frontera con México y separar a los padres de sus hijos tras entrar en suelo estadounidense.
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