El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, presentó el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio contra Áñez, por cargos de genocidio, que tiene pena de cárcel de 10 a 20 años.
“El ministerio público presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por tales hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, señaló el fiscal
Según explicó Lanchipa, la querella ha sido interpuesta por familiares de las víctimas de la masacre de 15 de noviembre de 2019 en Sacaba (Cochabamba), y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz (capital administrativa del país andino).
Al hacer ese anuncio, Lanchipa explicó que ahora corresponde al TSJ remitir la solicitud a la brevedad posible a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que esta autorice el juzgamiento de Añez.
Esta misma semana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras calificar de masacre a los incidentes de Sacaba y Senkata, manifestó que 22 personas fueron fallecidos en tales incidentes.
El 13 de marzo, la Policía de Bolivia arrestó a Áñez por el golpe de Estado contra el entonces reelegido mandatario del país, Evo Morales, en 2019. Además, la Fiscalía ordenó la detención de algunos de sus extitulares, como el exministro de gobierno, Arturo Murillo, Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, y el exministro de Defensa, Luis Fernando López, entre otros, por los “delitos de conspiración, terrorismo y sedición”.
¿Qué pasó en 2019 en Bolivia?
Tras el triunfo de Morales en las elecciones presidenciales de 2019, la oposición no aceptó el resultado y orquestó un golpe de Estado, con el apoyo de jefes policiales y militares, que derivó en la renuncia del líder indígena para evitar más actos violentos.
Ante esta situación, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales para ello, lo que provocó protestas masivas de los partidarios de Morales y una brutal represión policial que costó la vida de varias personas.
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