• Agentes policiales detienen a los seguidores del presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, Cochabamba, 16 de noviembre de 2019. (Foto: AP)
Publicada: viernes, 16 de octubre de 2020 19:38

A once meses de la masacre de Sacaba (Cochabamba) en Bolivia, las víctimas demandan ante la Corte Penal Internacional (CPI) un proceso contra el gobierno de facto.

Los familiares de los fallecidos y heridos de la represión policial y militar, que se realizó el 15 de noviembre de 2019 durante las manifestaciones al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, entregaron el jueves sus reclamos de justicia a la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa.

Copa recibió documentos y videos del enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía en el puente de Huayculli, Sacaba, que dejó un saldo de cinco muertos y decenas de heridos, para sustentar una demanda internacional en la Corte Penal Internacional por genocidio y delitos de lesa humanidad contra las autoridades del gobierno de facto de Jeanine Añez.

“En mi calidad de presidenta (de la Cámara Alta), lo que me queda es hacerles caso, es hacer cumplir las atribuciones que tengo dentro de la Constitución Política del Estado, que es la fiscalización y control”, indicó Copa a los familiares y víctimas durante un encuentro el jueves.

Por su parte, Gerardo Puma, delegado de los familiares de las víctimas de la masacre en Huayllani, detalló que la documentación de 59 páginas, 85 videos y notas de prensa en orden cronológico del día de los sucesos, incluye declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y otras pruebas tipificadas por la Fiscalía de Sacaba. Murillo aseguró en aquel entonces que las balas que mataron a los manifestantes no salieron de las armas de las fuerzas combinadas.

 

Tras la dimisión de Morales el pasado 10 de noviembre y la instalación del gobierno de facto, se desató en Bolivia masivas protestas de los partidarios del exmandatario que exigieron su regreso y la salida del gobierno autoproclamado.

A lo largo de estas manifestaciones, las Fuerzas Armadas usaron armas y agentes químicos para dispersar a los manifestantes y, en concreto, durante las masacres perpetradas en Sacaba y Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, causaron la muerte de al menos 18 seguidores de Morales.

Ante tal situación, Áñez emitió un decreto que exime de cualquier “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que repriman las protestas contra el golpe de Estado.

Diversas organizaciones internacionales, entre ellas, Amnistía Internacional (AI), la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han denunciado que la violencia en el país andino constituye una violación a los derechos humanos. 

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