“255 personas fueron despojadas de su nacionalidad en lo que va del año”, informó el investigador en asuntos del Golfo Pérsico de Amnistía Internacional, David Kenny, recogido por el portal Bahrain Mirror.
Según Kenny, de estas 255 personas, “la gran mayoría son chiíes”, lo que provoca “una gran crisis de derechos humanos para el grupo afectado”, advirtió.
En este contexto, el investigador de AI criticó a los organismos internacionales por no poner esfuerzos para evitar la revocación de la nacionalidad de los ciudadanos bareiníes.
Además, dijo que los órganos del Gobierno de Manama no adoptan ninguna medida a este respecto, porque, a su juicio, “ellos mismos son el origen del problema”.
255 personas fueron despojadas de su nacionalidad en lo que va del año”, informa el investigador en asuntos del Golfo Pérsico de Amnistía Internacional, David Kenny.
Kenny detalló que desde 2014, el régimen de los Al Jalifa retiró la nacionalidad a un total de 742 ciudadanos en Baréin.
Igualmente, denunció que el pequeño país del Golfo Pérsico utiliza la revocación de la nacionalidad como una herramienta para reprimir a la oposición, hecho calificado de “ilegal según el derecho internacional”, consideró el funcionario de AI.
En 2011, los bareiníes dieron inicio a masivas protestas pacíficas a favor de reformas políticas, pero el régimen de los Al Jalifa, con el apoyo de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), acabaron sofocando violentamente este levantamiento popular.
El régimen de Manama responde con medidas represivas a las denuncias de los activistas y somete a juicios sumarios a los políticos y civiles opositores, afirman diversos grupos pro derechos humanos, entre ellos, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El Foro Bahreiní de Derechos Humanos denunció el pasado febrero que el régimen de Baréin cometió durante enero 995 violaciones, incluidos arrestos arbitrarios y torturas, contra los opositores de la monarquía que rige en este pequeño país del Golfo Pérsico.
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