Abelardo de la Espriella: Primera vuelta del Tigre, segunda vuelta del país

El triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia revela el límite de las encuestas y abre una segunda vuelta marcada por maquinaria, polarización y un país dividido.

Por: Juan Alberto Sánchez Marín *

El zarpazo corto de Abelardo de la Espriella: la maquinaria no le asegura ganar. El mayor error electoral y el escenario real de la segunda vuelta.

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Doce puntos separaron las encuestas de las urnas el 31 de mayo: el mayor error de medición electoral de Colombia en décadas. Ahora las encuestas que nadie cuestionó entonces declaran derrotado al progresismo antes de votar. El artículo que la campaña de De la Espriella preferiría que usted no leyera.

Escribí esto unas horas antes del 31 de mayo, poco antes de la primera vuelta presidencial colombiana: “En cuestiones de urnas, las cábalas solo sirven para calcular mejor lo que no va a ocurrir. En Colombia, las suposiciones de esta clase, por más esperanzadoras que parezcan, no gozan del beneficio de la duda; huelen a la maquinación burda de los abusadores de oficio”.

Y el resultado lo confirmó: la brecha entre las encuestas y las urnas fue de una magnitud sin precedentes recientes. Invamer le daba al Tigre un 31,6 %. Las urnas respondieron con un 43,74 %: el primer lugar que nadie quiso anticiparle. Doce puntos de diferencia no son margen de error: son una historia que alguien tendrá que explicar.

EL TAMAÑO DEL ESPEJISMO

Acabamos de comprobar la magnitud de la fantasía. Se impulsó la narrativa de que la victoria de Iván Cepeda iba a ser contundente, dejando entreabierta la puerta de una victoria en primera vuelta. Ese falso triunfalismo estadístico desvió los ojos de la verdadera amenaza.

Los grandes medios reprodujeron sin matices el relato demoscópico que mantenía al 'Tigre' agazapado en las sombras, sin contextualizar un sesgo que, deliberado o no, camuflaba su verdadero tamaño letal hasta el día de los comicios. Las encuestas, como la de Invamer, le otorgaban un contundente segundo lugar, pero el mecanismo mediático se apresuró a descalificar ese 31 % como simple “voto de opinión”, “protesta” o “chiste”. Las urnas pusieron la amenaza en primer lugar.

La sombra del expresidente Álvaro Uribe, tan oscura como poderosa, se proyectó durante toda la campaña sobre Abelardo de la Espriella con mucha mayor intensidad que sobre Paloma Valencia —su candidata declarada—. La noche del 31 de mayo, el cálculo político se aceleró de forma definitiva. Apenas se consolidaron los resultados oficiales, Valencia anunció su adhesión a la campaña de De la Espriella.

Tras este movimiento, ambas facciones terminaron empujando el mismo proyecto. A pesar de sus rivalidades internas y de la pelea a muerte por el guiño del jefe máximo, hoy los sectores del Centro Democrático se alinean, abiertamente acomodados en la orilla espinosa del uribismo como un solo ente operativo. Los hechos demostraron que, en realidad, la competencia nunca fue más que otro espejismo.

Pero subsiste una pregunta que inquieta: ¿votantes cautos ante un candidato socialmente estigmatizado, o votantes que optaban por no confesar su preferencia en voz alta? La respuesta importa más de lo que parece: si el voto vergonzante existe, también existirá en la segunda vuelta.

EL ESPEJISMO INVERTIDO

Si en la primera vuelta las encuestas funcionaron como un tranquilizante para el electorado progresista, en la recta final el mismo tablero de encuestas opera en sentido inverso. La aritmética se ha dado vuelta con una rapidez que merece análisis: en apenas ocho días, tres sondeos de firmas como AtlasIntel y CB Global Data proyectaron ventajas de hasta 7,7 puntos para De la Espriella. El patrón es elocuente: el 5 de junio, CB Global Data le otorgaba un 49,6 % frente al 43,3 % de Cepeda; el 10 de junio, AtlasIntel amplió la brecha a un 52,2 % contra un 44,5 %.

Antes de analizar si esos números son confiables, hay un dato que los medios que los amplificaron no consideraron necesario mencionar: la campaña de De la Espriella contrató a AtlasIntel por $195 millones durante el período electoral, según reportes de financiación documentados por La Silla Vacía. La firma que proyecta su victoria por casi ocho puntos es la misma que cobró de su campaña mientras medía.

El acierto de AtlasIntel en la primera vuelta es real y merece ser tomado en serio: su metodología de tracking diario fue la única capaz de registrar la última ola de votantes que se movió en las 72 horas previas al 31 de mayo, cuando firmas como Invamer ya habían cerrado sus mediciones y le concedían al electorado progresista una ventaja que no existía.

Pero ese acierto revela con precisión quirúrgica su propio límite para la segunda vuelta: AtlasIntel no predijo la tendencia con anticipación ni la detectó con semanas de antelación. La registró cuando ya era inminente.

Medios como El Tiempo usan ese precedente para legitimar automáticamente los sondeos de segunda vuelta, presentando el acierto como un aval de credibilidad. Pero acertar en el último día no es haber medido mejor: es simplemente haber medido cuando ya era imposible equivocarse.

Medir más tarde fue la ventaja —y en una segunda vuelta donde el electorado lleva semanas decidido y la polarización no deja espacio para el movimiento de último momento, esa ventaja desaparece. No hay ola tardía que capturar porque las aguas no se moverán en las últimas 72 horas.

A eso se agrega una debilidad estructural que el acierto de primera vuelta no puede ocultar: la dependencia de paneles digitales excluye sistemáticamente las regiones rurales y periféricas —fortines históricos del progresismo colombiano—, donde la conectividad es escasa y los paneles de usuarios voluntarios tienen representación ínfima.

Firmas extranjeras, sin la capilaridad territorial que exige la geografía electoral colombiana ni el ajuste demográfico al censo que reclama una demoscopia rigurosa, presentan un mapa que refleja la Colombia urbana y conectada, no la Colombia que vota —el eco de una burbuja digital presentado como fotografía del país.

Y no se trata apenas de un reparo analítico. Una auditoría oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) comprobó que los estudios de AtlasIntel no cumplen con los requisitos de una encuesta probabilística exigidos por la ley colombiana. De hecho, una magistrada ordenó su suspensión provisional en mayo, pero la firma logró congelar la medida interponiendo un recurso de reposición. Un hábil salvavidas jurídico que les permitió eludir la sanción en firme y seguir inundando la recta final con proyecciones amparadas en un limbo legal.

El efecto de amplificar estas proyecciones sin contextualizar sus limitaciones metodológicas —ni sus serios cuestionamientos estatutarios— no es neutro, y su dimensión más visible es mediática: Bloomberg Línea, Semana, Portafolio e Infobae han reproducido estos sondeos con titulares de primera plana, usando el acierto de primera vuelta como escudo contra el cuestionamiento metodológico.

Proyectar una ventaja de siete u ocho puntos para la derecha en la última semana alimenta el desánimo en un electorado que ya presenció cómo las encuestas que lo favorecían lo engañaron con catorce días de antelación —y convierte de facto una proyección metodológicamente cuestionable en un destino político consumado, con la complicidad de medios que deberían contextualizar, no amplificar.

El espejismo se invirtió: ya no es la euforia prematura lo que puede paralizar al electorado progresista en la última milla, sino la desesperanza fabricada sobre bases metodológicas que los propios hechos del 31 de mayo pusieron en entredicho.

La pregunta no es si estas encuestas acertarán: es si el electorado recordará que la aritmética real del 31 de mayo desmintió a cuanto sondeo declaraba al progresismo favorito —y que tiene razones fundadas para leer con idéntico escepticismo las que ahora lo declaran derrotado antes de votar.

LA TRAMPA TRANQUILIZADORA

Si las mediciones respondían a un propósito —y la magnitud del error invita a sospecharlo—, ese propósito no era auscultar ningún estado de opinión genuino. Esa brecha de doce puntos entre lo que las encuestas le asignaban y lo que obtuvo en las urnas es, en el mejor de los casos, un fallo técnico sistémico; en el peor, una cortina de humo calculada.

El efecto de esa falsa ventaja fue perverso, aunque no necesariamente calculado: crear un clima de confianza a partir de una percepción distorsionada de la realidad y adormecer al elector alternativo con un triunfalismo de papel. Que haya sido torpeza o trampa, el resultado fue el mismo. La verdadera emboscada no era estadística: era operativa.

Bajo cuerda, mientras el país miraba las gráficas de televisión, se aceitaba el dispositivo clientelar de siempre: compra de votos, coacción al elector, restricción de acceso a testigos de mesa. Las irregularidades que Colombia ha normalizado hasta casi no verlas.

La denuncia del presidente Gustavo Petro tuvo un problema técnico de base en dos frentes simultáneos. Primero, calificó como “atípicas” las mesas que superaban los 300 votos, ignorando que el tope general fijado por la Registraduría para estas elecciones es de 360 ciudadanos por mesa (Resolución 4601 de 2026), y que en los consulados del exterior las votaciones se extienden por varios días, acumulándose los sufragios en una misma urna.

Segundo, sostuvo que se habían incorporado 885.409 cédulas al censo cinco días antes de los comicios, cuando en realidad se trataba de la base de datos completa de los puestos de votación del exterior, entregada de forma rutinaria a los auditores de todos los partidos. El CNE certificó que el censo se cerró legalmente el 30 de abril.

Al confundir la carpintería electoral con fraude, y al basar su narrativa en un desconocimiento de la normativa y los procedimientos de auditoría, le entregó a sus adversarios el argumento más fácil del mundo: el de la falta de rigor técnico.

Los grandes medios no desaprovecharon la ocasión —y en eso actuaron con la velocidad que reservan para cuando el error viene del lado equivocado— para concluir que el sistema es irreprochable. La realidad, no obstante, es más compleja. Una cosa es que el presidente Petro errara en los números, y otra muy distinta que el proceso haya sido limpio.

La Misión de Observación Electoral (MOE) registró 319 reportes ciudadanos sobre presuntas anomalías, irregularidades y delitos electorales a través de la plataforma denominada Pilas con el Voto. En su informe técnico documentó la existencia de mesas con cero votos para determinadas candidaturas y alertas ciudadanas sobre presuntas inconsistencias en el censo electoral y los puestos de votación. Hubo circunstancias críticas reales, verificables y suficientes para plantear que el proceso tuvo fallas.

Los reportes se concentraron especialmente en presunta participación indebida de servidores públicos, presión y constreñimiento al elector, y las irregularidades en propaganda electoral —las tres categorías que la MOE identificó como dominantes—. La escala de la participación indebida de servidores públicos quedó al descubierto cuando una investigación de La Liga contra el Silencio reveló que en la campaña de De la Espriella había miles de funcionarios públicos inscritos, incluyendo policías activos, violando flagrantemente la ley de garantías.

No es fraude digital. Es la violencia cotidiana del clientelismo, que no necesita hackear ningún software porque lleva décadas funcionando a plena luz del día. Petro pudo errar el blanco técnico, pero acertó en el diagnóstico político.

LA EMBOSCADA ESTRUCTURAL

El fin deliberado jamás fue otro que dar el gran golpe con De la Espriella en la primera vuelta. Y la maquinaria lo intentó. Ganó la primera vuelta, sí. Pero ganar con el 43,74 % en un sistema de dos rondas no es llegar a la Casa de Nariño: es llegar al borde, con el margen justo que la segunda vuelta puede borrar.

Sin embargo, hay un segundo zarpazo: el de la lavada de cara institucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló el preconteo y la MOE lo verificó. Pero la legitimidad técnica de un conteo no absuelve las condiciones en que ese conteo se produce: un censo electoral con décadas de irregularidades documentadas, cadenas de custodia de las actas físicas (E-14) que históricamente han sido el eslabón más vulnerable del sistema, y una financiación de campaña cuyas fuentes reales Colombia rara vez conoce a tiempo. Los grandes medios olvidan, a conveniencia, que la trampa no empieza ni termina en un algoritmo.

La verdadera emboscada es estructural y ocurre mucho antes del clic: opera a través de la inscripción clientelar de cédulas en municipios estratégicos, la compra y coacción de votantes, la financiación oscura y el quiebre sistemático en la cadena de custodia de las actas E-14 antes de su consolidación digital.

Ese último eslabón —las actas físicas que viajan desde los puestos de votación hasta los centros de cómputo— ha sido históricamente el punto más opaco del sistema. No porque el software borre los datos de forma mágica e invisible, sino porque el fraude se consolida alterando la verdad material en el papel antes de que el escáner la vuelva inmutable.

La vulnerabilidad real, documentada en sentencias del Consejo de Estado, radica en la adulteración física de los formularios y en la alteración informática de datos que, aunque deja rastro y puede ser rastreada mediante costosas auditorías forenses, busca consumar un hecho político antes de que la justicia logre revertirlo. Y la financiación de campaña cuyas fuentes reales Colombia rara vez conoce a tiempo completa el cuadro: no hay maquinaria sin combustible, y ese combustible no siempre tiene factura.

LA MAQUINARIA SIN FRONTERAS

Pero confiar únicamente en el clientelismo territorial es una estrategia del siglo pasado, insuficiente para superar el techo orgánico de un candidato polarizante. Para blindar ese piso electoral y proyectar una imagen de inevitabilidad, la campaña de De la Espriella no solo activó sus redes locales, sino que puso en marcha una maquinaria de injerencia transnacional. La vieja política de los apellidos y los mercados se fusionó con la nueva guerra híbrida.

El respaldo de Donald Trump no fue un mero gesto protocolar de felicitación; fue la carta de presentación de esta red. En su mensaje público, De la Espriella no solo agradeció el apoyo, sino que se inscribió explícitamente en la doctrina de la nueva derecha continental: “Los Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por nuestro destino compartido de defender la civilización occidental a lo largo de las Américas”, escribió, antes de sentenciar: “Defendemos la libertad, presentamos un frente unido contra el comunismo que busca envenenar nuestras repúblicas, y nos uniremos a la Alianza del Escudo de las Américas para que la luz de la libertad nunca se apague en este hemisferio” (original en inglés, traducción DeepL).

Esa retórica tiene operadores concretos y un historial que trasciende lo diplomático. Figuras como Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado por Trump en 2025, han comenzado a tejer puentes con la derecha colombiana.

Su presencia no es anecdótica: actúa como un nodo de conexión entre el narco-poder centroamericano y las redes de manipulación digital. Esta hipótesis toma fuerza tras el análisis forense del llamado "Hondurasgate" realizado por Witness. Según esta organización internacional experta en tecnología y derechos humanos, el caso expone la operación de células coordinadas para atacar a los gobiernos progresistas de México, Colombia y Honduras.

Así, la maquinaria dejó de ser solo local. Mientras en los territorios se aceitaba el clientelismo, los observatorios de medios y vigilancia digital documentaron el despliegue de redes coordinadas de ataques digitales y ejércitos de bots en X y TikTok, amplificando los mensajes de De la Espriella y hostigando a sus críticos con una sincronía que delata una operación profesional.

El eslabón más visible de esa operación fueron los influenciadores: según La Silla Vacía, se convirtieron en la estrategia central para conquistar el voto de última hora. Esto explica en parte por qué el movimiento fue invisible para las firmas que cerraron mediciones antes de las 72 horas finales —y perfectamente visible para la única que midió dentro de ese umbral.

Los mismos patrones de desinformación que se usaron contra López Obrador y Xiomara Castro aparecieron aquí: campañas de desprestigio contra Iván Cepeda, memes que lo vinculan con el castrochavismo —una narrativa reactivada estratégicamente por el uribismo desde enero de 2026— y ataques coordinados contra la "paz total", acusándola de haber entregado el país al narcotráfico y fortalecido a los grupos armados.

La injerencia extranjera ya no necesita tanques ni marines: se mueve con algoritmos, dinero oscuro y alianzas con condenados. Y De la Espriella no solo la acepta: la celebra como un trofeo.

De este modo, la segunda vuelta del 21 de junio lo encuentra en una posición de fuerza inusitada: respaldado formalmente por el Centro Democrático, con la proyección, según analistas electorales, de que el 60 % de los votos de Paloma Valencia migrarán a su causa, y blindado por esta red de influencia transnacional.

Ante este escenario, la pregunta ya no es si el engranaje —local, digital y geopolítico— opera. La verdadera incógnita es si el margen progresista tiene la fuerza para superarlo: moralmente, el contraste es inequívoco; aritméticamente... he ahí la cuestión.

UN DEPREDADOR SIN RESISTENCIA

La maquinaria —local, estructural y ahora con respaldo internacional— y la debilidad orgánica del candidato no se contradicen: se complementan. La primera explica cómo llegó a ese techo; la segunda explica por qué no puede superarlo.

En la primera vuelta De la Espriella jugó todas sus cartas: el aparato territorial del uribismo, el clientelismo de siempre, la infraestructura de una derecha que lleva décadas construyendo su andamiaje electoral. Obtuvo lo máximo que esa combinación podía producir.

El zarpazo fue corto precisamente por eso: porque reveló el límite. Para ganar la segunda vuelta necesita crecer más de seis puntos sobre ese techo —del 43,74 % a la mitad más uno de los votos— en un escenario donde el adversario también crece, los abstencionistas urbanos se movilizan y la emboscada ya no es sigilosa. Los tigres no duplican su territorio en el mismo asalto.

La diferencia con el fenómeno de Rodolfo Hernández en 2022 —con quien los medios intentaron emparejarlo— no está en el estilo, sino en la sustancia: aquel fue un estallido de antipolítica sin estructura; De la Espriella es un depredador con aparato, doctrina y maquinaria. Eso lo hace más peligroso, pero no lo libra de la misma restricción estructural: el primer zarpazo impresiona, el segundo lo decide todo.

Con el respaldo del Centro Democrático y la proyección de que el 60 % de los votos de Paloma Valencia —quien obtuvo el 6,92 % en primera vuelta— migrarán a su columna, De la Espriella llega a la segunda vuelta con un techo proyectado que difícilmente superará el 48 %: los poco más de cuatro puntos adicionales que esa transferencia parcial le aportaría no compensarían el crecimiento esperable del voto progresista y de centro.

Cepeda, por su lado, parte de un 40,90 % con un margen real de crecimiento: la abstención urbana —el 42,12 % que no votó el 31 de mayo—, el electorado de Fajardo y el voto de centro que evalúa si prefiere la institucionalidad al proyecto del uribismo. En esa brecha aritmética reside el límite del zarpazo.

EL PESO DEL EXPEDIENTE

Cepeda no llega a la segunda vuelta solo como el beneficiario aritmético del techo de su adversario: llega como su negativo político exacto. Donde De la Espriella construyó su capital mediático defendiendo a quienes el Estado acusaba —parapolíticos, piramidistas, operadores de regímenes—, Cepeda construyó el suyo documentando lo que esos acusados hicieron.

Tres décadas de trabajo parlamentario sobre paramilitarismo, impunidad y corrupción —que le costaron amenazas documentadas y escolta permanente— no son un argumento de campaña: son expediente duro. Una trayectoria así no se compra ni se improvisa, y en un escenario donde el electorado moderado evalúa quién garantiza institucionalidad, ese contraste tiene peso electoral real.

La diferencia de fondo no es de temperamento, sino de proyecto. De la Espriella ha presentado una candidatura de actitud: el impacto, la grosería y la provocación como método. Su programa diagnostica con cifras ajenas —las del DANE, la Supersalud, la MOE—, pero no sostiene las propias: la meta de crecimiento oscila entre el 5 % y el 7 % en el mismo documento, y el ahorro fiscal central del plan de choque aparece literalmente en blanco.

Ninguna de las grandes promesas —el fondo de $500.000 millones para las mujeres, los 600.000 empleos rurales y los 2 millones de nuevas hectáreas agrícolas entre 2026 y 2030, la reducción del 40 % en feminicidios— viene acompañada de fuente de financiamiento, plazo concreto ni metodología verificable.

Cepeda llega a la segunda vuelta con una hoja de ruta que no parte de cero: las reformas agraria, laboral y pensional ya tienen expediente, y su programa propone profundizarlas, no reinventarlas. Su eje anticorrupción tiene además un rasgo que lo distingue de la retórica habitual: asume con nombre propio los casos de corrupción ocurridos dentro del propio campo progresista —comenzando por la red de saqueo en la UNGRD que involucró al funcionario Olmedo López— y los convierte en punto de partida, no en punto ciego.

Y la promesa de que no habrá impunidad no es nueva en él: durante su carrera parlamentaria documentó y procesó, según su propio balance parlamentario, a más de 200 funcionarios mediante control político, un historial que convierte el compromiso en expediente. Para el 42,12 % que no votó el 31 de mayo, esa diferencia entre espectáculo y Estado puede ser la que decida quién llega a la Casa de Nariño.

EL VALIENTE BLINDADO

No me gusta ser ave de mal agüero, pero no hay espacio para el matiz con un individuo que llama de frente a la violencia contra sus contradictores —quien tras ganar la primera vuelta declaró que defenderá la democracia “por la razón o por la fuerza”— y que, en una contradicción flagrante con su retórica soberanista, suplica sin rubor la validación de esa misma Alianza del Escudo y el tutelaje de Washington para blindar un resultado que su campaña ya celebraba como victoria.

De su “patria milagro” a su “firme por la patria” no hay sino un paso: el de entregar la Casa de Nariño a quien construyó su carrera defendiendo a quienes la saquearon. La firmeza habrá de ser la de los caídos, y el milagro, el de que esa élite llegue alguna vez a rendir cuentas.

La 'extrema coherencia' que pregona De la Espriella contrasta con la incoherencia de invocar la patria con el puño en alto mientras suplica el aval de Washington con la otra mano —la misma mano con la que, al naturalizarse ciudadano estadounidense, juró lealtad a los Estados Unidos y abjuró de toda lealtad a potencias extranjeras.

La contradicción no es solo retórica: un grupo de veinte exmagistrados de altas cortes y constitucionalistas emitió un comunicado sosteniendo que esa nacionalidad sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia colombiana, tesis que otro grupo de juristas rechazó invocando el principio de taxatividad de las inhabilidades.

El debate legal no está cerrado. Pero la pregunta política sí tiene respuesta: ¿con qué autoridad moral predica soberanía quien le juró lealtad al país cuyo tutelaje activamente reclama? Algo no concuerda entre las frases airadas, los llamados incendiarios y los manotazos al aire, cuando aun rodeado por los suyos se desgañita detrás de tribunas fortificadas.

EL PRONTUARIO DE BANDERA

La hipocresía soberanista no es la única grieta en la armadura de coherencia que pregona. Su trayectoria jurídica plantea una pregunta aún más directa: ¿qué clase de presidente sería el abogado que defendió a los parapolíticos condenados por la Corte Suprema y al cerebro de la pirámide DMG que estafó a 214.000 ahorradores?

Para blanquear ese prontuario, su estrategia electoral ha intentado apropiarse del dolor ajeno, erigiéndose en paladín de las mujeres: el mismo abogado que, tras representar a la familia en el crimen atroz de Rosa Elvira Cely hasta obtener la condena del agresor en 2012, se atribuyó el mérito de la Ley de Feminicidio que, según la propia familia y las organizaciones de mujeres que la impulsaron, nada le debe a su gestión.

Su supuesta “refundación moral” se desmorona con una sola voz, la más legítima de todas. Juliana Cely, hija de la víctima, despojó al candidato de su disfraz con una sentencia devastadora: “Me da asco ver cómo está usando mi historia y la lucha feminista para limpiar su imagen en plena campaña. El dolor que he vivido por 14 años no puede ser un instrumento para que alguien logre llegar a la presidencia”.

La hoja de vida jurídica y ética de De la Espriella es, ella sola, el argumento más sólido contra su candidatura. Y está en los archivos judiciales y en la memoria de las víctimas, no en los epítetos de sus oponentes.

EL PAÍS EN EL ESPEJO

¿Qué explica la estrategia del que ha vivido de los grises del sistema y habla hoy de refundación moral, del que ha cobrado por defender a los más acusados y señala ahora con el dedo a los acusadores, del que ha construido su capital mediático sobre el escándalo ajeno y clama ahora por honestidad? ¿Es una farsa consciente o el afán desesperado de quien sabe exactamente lo que necesita ocultar? Y sobre todo: ¿sigue siendo Colombia el territorio que le apuesta el porvenir entero al bravucón más vociferante?

Las transformaciones sociales, que en su esencia son culturales, no ocurren de la noche a la mañana, pero son imparables. En pocos días, Colombia tendrá la ocasión de verse en el espejo: o acepta el zarpazo en silencio, como tantas veces antes, o impide que le sea arrebatado el porvenir por las amenazas, los viejos trucos del clientelismo y la violencia. La respuesta dirá más sobre el país que sobre el candidato.

(*) Juan Alberto Sánchez Marín. Periodista y analista internacional colombiano. Director de dxmedio.com

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