“Queremos seguir reformando nuestra justicia. Se lo debemos a nuestros electores, responde a las expectativas de la sociedad”, ha aseverado este miércoles la Cancillería polaca, en un comunicado publicado poco después de que la Comisión Europea anunciara la activación de un duro proceso sancionador contra Varsovia por su reforma judicial.
El Ministerio de Exteriores tacha en su nota de “unilaterales e hirientes” las opiniones sobre Polonia vertidas por parte de sus socios europeos, las cuales Varsovia “ya no puede aceptar”.
Por otra parte, la Cartera advierte de que la decisión de la Comisión “afecta inútilmente a nuestras relaciones mutuas”.
La medida de Bruselas “es cuestión de política y no del imperio de la ley (…) Polonia es un país, un Estado de derecho, debemos continuar con la reforma judicial”, ha subrayado, por su parte, el ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro.
De este modo, el presidente polaco, Andrzej Duda, ha anunciado que ha “tomado la decisión” de promulgar dos polémicas leyes que introducen reformas judiciales, pese a la medida de la Comisión Europea.
Queremos seguir reformando nuestra justicia. Se lo debemos a nuestros electores, responde a las expectativas de la sociedad”, ha aseverado el Ministerio polaco de Asuntos Exteriores.
El Gobierno polaco se encuentra en disputas con el bloque comunitario por su política migratoria y por someter los tribunales y medios de comunicación del país a un mayor control gubernamental. Esta última reforma permite al Ejecutivo nombrar magistrados sin consultar al sector judicial.
En este marco, la Comisión Europea ha activado este mismo miércoles el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que a largo plazo puede terminar con la suspensión del derecho a voto de Varsovia en las instituciones comunitarias por su controvertida reforma judicial, que, a juicio de Bruselas, amenaza el Estado de derecho.
Mientras tanto, el Gobierno polaco rechaza todas las acusaciones de Bruselas de que está socavando el Estado de derecho o aislando a Polonia de Europa, y se defiende sosteniendo que necesita reformar un sistema legal ineficaz y defender sus intereses nacionales en la UE.
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