Los manifestantes afirman que las reformas diluyen la separación de poderes y atentan contra la independencia del Poder Judicial. La reforma permite al Ejecutivo nombrar magistrados sin consultar el sector judicial.
El Gobierno de la agrupación nacionalista-conservador Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) dice que el cambio es necesario y sostiene que el sistema judicial actual es inoperante. Mientras la oposición considera la reforma un golpe de Estado, con la que se sientan las bases para imponer un Gobierno dictatorial.
mhn/ktg/nal
