El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, así lo anunció el sábado y agregó que una ley parlamentaria que se aprobó en diciembre de 2020 perseguía el mismo fin.
Al respecto, señaló que la OEAI está enriqueciendo uranio al 60 % de pureza, de acuerdo a dicha ley parlamentaria y con diferentes objetivos, incluida la producción de radiofármacos y detectores.
“Utilizamos uranio enriquecido al 60 % en la producción de placas de combustible y sobre todo materia prima para la producción de radiofármacos como el molibdeno”, enfatizó.
Eslami rechazó, de este modo, además las alegaciones de que el programa nuclear de Irán tiene fines militares y remarcó que el principal objetivo del organismo nuclear de Irán es implementar una ley parlamentaria, cuya finalidad es convencer u obligar a las contrapartes a “reducir las crueles sanciones económicas contra Irán”.
Subrayó que la OIEA está llevando a cabo sus actividades, de acuerdo a los intereses nacionales y las reglas de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), y su programa está bajo la vigilancia de la agencia nuclear de la ONU.
El titular iraní criticó a los firmantes del acuerdo nuclear de 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjuntas (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), por no cumplir con sus compromisos, denunciando que “ni siquiera permitieron que otros tengan cooperación con la República Islámica”.
No obstante, aseveró que Irán está totalmente coordinado y comprometido con el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear y los Acuerdos de Salvaguardias de la AIEA, y no ha tenido desviaciones, según las inspecciones de la agencia.
Tal como indica la ley de acción estratégica, cuando ninguno de los firmantes del JCPOA cumple con sus obligaciones, “es natural que nosotros tampoco las cumplamos”, señaló Eslami.
Irán dio inicio en 2022 al enriquecimiento de uranio a un 60 % en su planta nuclear de Fordo, con la presencia de los inspectores de la AIEA, en respuesta a la resolución antiraní de la Junta de Gobernadores de la AIEA, tras un proyecto presentado por EE.UU., el Reino Unido, Alemania y Francia.
La medida estaba en línea con la implementación de la ley “Acción estratégica para levantar las sanciones”, aprobada por el Parlamento iraní en 2020, que establece que el país reduciría ciertos compromisos al no obtener los beneficios estipulados en el acuerdo nuclear de 2015.
Una acción amparada también por los puntos 26 y 36 del JCPOA, los cuales establecen que Irán puede reducir sus compromisos, si las otras partes incumplen lo firmado.
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