Los familiares de dos ciudadanos trinitenses que perdieron la vida en un ataque con misiles de Estados Unidos contra una supuesta narcolancha en el Caribe han llevado este martes su caso ante una corte federal de Massachusetts (EE.UU.), acusando al gobierno del presidente Donald Trump de homicidio culposo.
En la querella señala que Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, dos trabajadores que se ganaban la vida en la pesca y la agricultura en Venezuela, fueron asesinados durante un ataque con un misil estadoundiense contra su embarcación, cuando regresaban a su hogar en Trinidad y Tobago el 14 de octubre de 2025. Las víctimas se encuentran entre los seis muertos reportados del ataque.
Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, expresó que “si el gobierno estadounidense creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado”.
Según la demanda, se trataba de civiles, no de narcotraficantes, y fueron víctimas de una operación “manifiestamente ilegal”. Los demandantes, que solicitan una indemnización, destacan que esos “asesinatos premeditados e intencionales carecen de cualquier justificación legal creíble”.
El abogado del Centro de Derechos Constitucionales, Bahe Azmy, calificó la acción de EE.UU. de “asesinatos ilegales a sangre fría; asesinatos por deporte y asesinatos para ofrecer un show”.
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, ha intentado vestir estos ataques de su país con el ropaje del “derecho de los conflictos armados”, alegando que se dirigen contra “grupos armados”.
Sin embargo, expertos legales y organizaciones de derechos humanos han rebatido esta narrativa que “los cárteles de la droga no constituyen, bajo el derecho internacional, un grupo armado en el sentido contemplado por el derecho de la guerra”.
Además, el Congreso de Estados Unidos nunca autorizó esta campaña de asesinatos selectivos de la administración Trump en aguas internacionales, lo que la sitúa en un limbo jurídico y moral.
En este sentido, la demanda se ampara en dos leyes estadounidenses: la Ley de Muerte en Alta Mar y el Estatuto de Agravios Extranjeros de 1789.
Se trata de la primera acción legal interpuesta contra la administración estadounidense tras los ataques lanzados contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental bajo el pretexto del narcotráfico.
Desde el inicio de estos ataques de EE.UU., el número de muertos ha ascendido a al menos 126, incluyendo a 116 personas que murieron de inmediato en al menos 36 ataques ejecutados desde principios de septiembre. Otras 10 personas se consideran desaparecidas tras los ataques estadounidenses.
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