Por: Xavier Villar
La reciente columna de Thomas Friedman en The New York Times, en la que equiparaba al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), incurre en una simplificación analítica que termina por oscurecer más de lo que aclara. El problema no reside únicamente en una imprecisión factual ni en un error de escala, sino en una confusión conceptual más profunda acerca de la naturaleza del poder soberano, del uso legítimo de la violencia y de su inserción en el orden político contemporáneo. La analogía pertinente, desde una perspectiva histórica y estructural, no es entre ICE y una organización de la resistencia palestina, sino entre ICE y los dispositivos estatales clásicos del colonialismo de asentamiento, en particular aquellos orientados a la gestión coercitiva de poblaciones consideradas problemáticas o excedentarias.
Esta distinción no responde a una disputa terminológica menor. Permite, por el contrario, situar correctamente la genealogía de lo que se ha descrito como necropolítica: la capacidad institucionalizada de decidir qué vidas merecen ser protegidas, cuáles pueden ser expuestas a la precariedad extrema y bajo qué condiciones ciertos sujetos quedan excluidos de la comunidad política efectiva. Lejos de constituir una anomalía que retorna desde las periferias coloniales, esta lógica forma parte del entramado fundacional de la modernidad occidental y se despliega hoy con una coherencia notable tanto en el espacio doméstico como en el internacional.
Al proponer una comparación provocadora, Friedman pasa por alto la diferencia ontológica fundamental entre las entidades que equipara. HAMAS opera desde una posición definida por la ocupación, el cerco y la ausencia de reconocimiento internacional. Su margen de maniobra política y militar está condicionado por una asimetría radical, y su capacidad de ejercer autoridad se encuentra permanentemente disputada, limitada y fragmentada. ICE, en contraste, es una agencia central de un Estado plenamente soberano y hegemónico, investida de autoridad legal para ejercer coerción dentro de su propio territorio y respaldada por un entramado jurídico que no solo legitima, sino que normaliza su actuación.
La función de ICE no es responder a una amenaza militar equivalente, sino administrar poblaciones clasificadas como irregulares o indeseables dentro del espacio metropolitano. La detención prolongada sin garantías, la separación familiar, la deportación acelerada y la producción sistemática de inseguridad jurídica constituyen herramientas ordinarias de una tecnología de gobierno orientada a preservar un determinado orden político y demográfico. Esta racionalidad es comparable a la de los aparatos de control poblacional desarrollados en contextos de colonialismo de asentamiento: no busca derrotar a un adversario simétrico, sino regular, fragmentar y contener a colectivos definidos a priori como problema. La separación de menores en la frontera sur de Estados Unidos no representa una desviación excepcional, sino la aplicación contemporánea de técnicas de poder largamente ensayadas en la gestión de poblaciones subalternizadas.
El espejo colonial: sobre el ICE y el boomerang que nunca salió
Desde esta perspectiva, resulta necesario cuestionar con rigor la narrativa liberal que interpreta estas prácticas como el supuesto “retorno del boomerang imperial”. Según esta lectura, los métodos coercitivos desarrollados en las colonias habrían regresado inesperadamente al centro metropolitano, alterando un orden interno previamente regido por el Estado de derecho. La premisa implícita es que la violencia fue originariamente externa y que su aparición doméstica constituye una anomalía histórica.
Esta interpretación resulta engañosa. La violencia necropolítica no es una técnica exportada que regresa, sino un componente constitutivo de la arquitectura política occidental desde su origen. La formación de Estados Unidos sobre el desplazamiento sistemático de poblaciones indígenas y sobre una economía esclavista sentó las bases de una estructura dual: ciudadanía plena para unos, exposición permanente a la coerción para otros. El liberalismo político se ha sostenido históricamente sobre una distribución diferencial de derechos, en la que la universalidad proclamada se apoya en la exclusión efectiva de sujetos definidos como incompletamente humanos o políticamente deficitarios.
Lo que se observa en las prácticas contemporáneas de ICE no es el retorno de una violencia ajena, sino la activación interna de un repertorio siempre disponible. La frontera no funciona únicamente como límite territorial, sino como espacio privilegiado para la producción de categorías de humanidad. Al narrar esta violencia como una contaminación externa, el discurso liberal preserva la ficción de un Estado de derecho esencialmente neutral, perturbado solo de manera episódica por excesos imperiales.
Sin embargo, no existen aquí dos lógicas contrapuestas. La misma legalidad que protege al ciudadano habilita la excepcionalidad aplicada al migrante. No se trata de una contradicción, sino de una complementariedad estructural. El derecho opera como una tecnología selectiva que produce protección para unos y vulnerabilidad extrema para otros. En este sentido, la violencia ejercida por ICE no representa una anomalía dentro del orden liberal, sino su funcionamiento ordinario bajo condiciones de presión política, económica y demográfica.
La amenaza persistente a Irán
Esta misma lógica se expresa con mayor claridad en el ámbito de la política exterior, donde el caso de Irán ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. La relación entre Estados Unidos, sus aliados y la República Islámica revela la dimensión global de esta racionalidad necropolítica, en la que el llamado “orden basado en reglas” opera menos como un marco normativo universal que como un dispositivo de legitimación selectiva del uso de la fuerza.
Los acontecimientos de la guerra de junio de 2025, así como la tensión que persiste hasta el presente, no constituyen una ruptura excepcional. Responden a un patrón estructural bien establecido. La ofensiva israelí lanzada tras el anuncio de nuevas negociaciones en Mascate puso de manifiesto la instrumentalización del proceso diplomático como cobertura táctica para una acción militar planificada. No fue un fallo del sistema, sino una utilización coherente de sus ambigüedades, ejecutada con respaldo material y político estadounidense.
El impacto estratégico fue considerable. La confianza residual en la utilidad de los canales diplomáticos occidentales quedó seriamente dañada. En este contexto, la negociación deja de percibirse como un mecanismo de desescalada y pasa a entenderse como un espacio potencialmente hostil. Se reproduce así, en el plano internacional, la misma lógica que rige en el ámbito doméstico: la norma no se viola abiertamente, sino que se suspende selectivamente para aquellos previamente definidos como excepción.
La reacción de las capitales europeas tras el conflicto confirmó esta asimetría. La condena preventiva a Irán y la reiteración automática del derecho a la autodefensa del actor que había iniciado las hostilidades evidenciaron un doble rasero institucionalizado. Irán aparece sistemáticamente como el sujeto problemático, cuya mera capacidad de respuesta se interpreta como agresión. La neutralidad declarada de las instituciones internacionales funciona, en la práctica, como un mecanismo de estabilización del desequilibrio de poder existente.
Para Irán, y para amplios sectores del Sur Global, este episodio consolidó una ruptura estratégica y cognitiva. La expectativa de que el sistema internacional pudiera ofrecer garantías mínimas de previsibilidad o contención quedó profundamente erosionada. La diplomacia se revela así como un terreno más de confrontación, donde la asimetría estructural condiciona de antemano los resultados.
La consecuencia es una reorientación estratégica comprensible. La autosuficiencia defensiva, en términos militares, tecnológicos y económicos, deja de ser una opción ideológica para convertirse en una condición básica de supervivencia. No responde a una pulsión expansiva, sino a una lectura racional de un entorno en el que las garantías multilaterales operan de manera selectiva.
La lección es sobria y carente de dramatismo innecesario. La tensión con Irán no es el producto de un malentendido diplomático corregible mediante ajustes procedimentales. Es el resultado previsible de un orden que distribuye la soberanía de manera jerárquica. Estados Unidos no se enfrenta a una amenaza existencial, sino al desafío que plantea la persistencia de actores que no aceptan una integración subordinada. Del mismo modo, las poblaciones migrantes en la frontera estadounidense no constituyen una invasión, sino el terreno sobre el cual el Estado reafirma su capacidad de excepción.
Comprender la conexión entre una redada migratoria en Texas y un ataque a una instalación estratégica en Irán es comprender la lógica unificada del poder contemporáneo: una lógica que no distingue entre fronteras internas y externas y que se expresa menos en figuras extremas que en prácticas administrativas normalizadas. En ese contexto, la resistencia, expresada en diferentes gramáticas políticas, no se presenta como una afirmación ideológica maximalista, sino como una respuesta política mínima frente a un orden cuya alternativa efectiva sigue siendo la subordinación o la exclusión.
