• La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, pronuncia un discurso durante una reunión en Ottawa, 4 de febrero de 2019. (Foto: AFP)
Publicada: sábado, 4 de mayo de 2019 8:10

Canadá afirma que no ‘reconocerá o aplicará’ ninguna sentencia emitida bajo el Título III de la ley Helms-Burton de EE.UU. por actividades económicas en Cuba.

El jueves, Washington activó el Título III de la ley que autoriza a los cubanos exiliados en EE.UU. y a empresas de este país a demandar a quienes se beneficiaron de las nacionalizaciones hechas tras la victoria de la Revolución cubana en 1959.

La ley, aprobada en 1996 por el presidente estadounidense Bill Clinton, codificó el bloqueo económico, comercial y financiero que EE.UU. impone a Cuba desde 1962 para promover un cambio de sistema político.

La oposición de Ottawa a esa norma estadounidense está basada “en los principios de la ley internacional y refleja nuestra objeción a la aplicación extraterritorial de leyes de otro país”, dijo el viernes la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, en un comunicado.

El Gobierno canadiense avisó que está trabajando con la Unión Europea (UE) y otros “socios internacionales” para defender las relaciones económicas de los canadienses en Cuba.

La oposición de Ottawa respecto a la implementación de la Ley Helms-Burton de EE.UU. está basada “en los principios de la ley internacional y refleja nuestra objeción a la aplicación extraterritorial de leyes de otro país”, dijo la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.

 

Canadá aprobó en 1996 la ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA, por sus siglas en inglés), que protege los intereses de los canadienses e impide reconocer o ejecutar en Canadá decisiones judiciales a consecuencia de la ley Helms-Burton.

En este contexto Freeland recordó que FEMA permite a los ciudadanos de Canadá “utilizar los tribunales canadienses para demandar a la persona que haya iniciado una acción bajo la ley Helms-Burton, incluso si el proceso no ha concluido”.

La implementación de dicha ley, se suma a múltiples bloqueos, sanciones y embargos que han impuesto los Gobiernos de EE.UU. a Cuba para detener el desarrollo de potencial social y económico de la isla.

La Habana ha rechazado en varias ocasiones el Título III de la ley Helms-Burton, que considera una forma de “chantaje político” para endurecer el bloqueo económico y financiero a los cubanos.

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