Mediante un tuit, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, quien dijo el mismo día que hará una “revisión cuidadosa” del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que dejaría que los estadounidenses, incluidos cubanos naturalizados, demanden ante la Justicia a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución (1959). Pompeo, además, señaló que mantendrá por sólo 45 días la suspensión de la mencionada ley, la cual codifica el bloqueo a Cuba.
“Rechazo firme y categóricamente el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. de suspender por sólo 45 días la aplicación del Título III Ley Helms-Burton. Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer el bloqueo a Cuba. Brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros Estados”, apuntó el ministro cubano de Exteriores.
Al respecto, denunció que, en las últimas dos décadas, el Gobierno de EE.UU. ha estado utilizando dicha ley para desestimular la inversión extranjera en Cuba.
Desde 1996, todos los presidentes de Estados Unidos suspendieron la aplicación del Título III de la Helms-Burton, incluido el actual, Donald Trump, debido a la “flagrante extraterritorialidad” y los daños que “provocaría a intereses corporativos de Estados Unidos, además de que sometería arbitrariamente a empresas de terceros países a las Cortes de EE.UU.”, indicó Rodríguez en otro tuit.
Rechazo firme y categóricamente el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. de suspender por sólo 45 días la aplicación del Título III Ley Helms-Burton. Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer el bloqueo a Cuba. Brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros Estados”, dice el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
El Título III de la ley Helms-Burton se considera “propiedad norteamericana” a las nacionalizadas en el país caribeño después de 1959, cuando triunfó la Revolución cubana, en tanto se define como “traficar” a la compra, recepción, uso o inversión posterior en esas posesiones.
Desde 1960, el Gobierno de Washington ha impuesto múltiples bloqueos y sanciones contra el país caribeño que han impedido a la isla el desarrollo de su potencial social y económico debido al impacto de la medida en la realización de transacciones.
Sin embargo, tales sanciones han sido extendidas por la Administración de Trump, pese a las moderaciones realizadas en 2015 bajo el Gobierno del expresidente norteamericano Barack Obama.
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