El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, informó el martes que el Gobierno venezolano presentó una misiva formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para denunciar “el robo del tanquero Skipper por parte del Gobierno de EE.UU. en un acto típico de piratería, totalmente violatorio del derecho internacional”.
El 10 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la incautación de un petrolero en zonas adyacentes de Venezuela, afirmando que su país se quedaría con el petróleo que transportaba el buque.
En este contexto, Moncada subrayó que la acción de Washington no se trata de “un hecho aislado”, sino que “se inscribe en una política sostenida de coerción y agresión” contra su país.
Según la carta entregada a la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU (actualmente ejercida por Eslovenia), Caracas pidió a Washington “la liberación inmediata y sin condiciones de la tripulación secuestrada, la devolución inmediata del petróleo venezolano confiscado ilegalmente en alta mar y el cese inmediato de cualquier acción de fuerza o interferencia contra la comercialización legal del petróleo venezolano”.
También, Venezuela instó al CSNU a condenar este acto de piratería promovida por EE.UU., el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito y a tomar medidas para evitar la repetición de estas acciones, dejando claramente establecido –y por escrito– que “no se ha adoptado ninguna decisión, resolución ni medida que autorice acciones contra Venezuela ni contra la comercialización internacional de su petróleo”.
“La coherencia del sistema multilateral exige que los mismos principios y condenas aplicados por este Consejo frente a la piratería en otras regiones del mundo, sean aplicados hoy contra la piratería ejercida por un Estado mediante el uso de su fuerza militar”, ha recalcado la nota.
De igual manera, Venezuela advirtió que “tolerar o normalizar” dichas conductas “equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional”, lo cual es absolutamente incompatible con la Carta de la ONU, el derecho del mar y el mandato fundamental de este Consejo.
Ante esta coyuntura, el Gobierno venezolano reaccionó enérgicamente a la incautación de su petrolero por parte de EE.UU., catalogándolo de un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”. “Este nuevo acto criminal se suma al robo de CITGO, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma”, reza la nota emitida por el canciller, Yván Gil.
Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas.
Venezuela ha tachado de “agresión” las maniobras de EE.UU., subrayando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.
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