El representante permanente sirio ante las Naciones Unidas, Bashar al-Yafari, ha dirigido este domingo sendas cartas a la Secretaría General y la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para reiterar la denuncia de Damasco sobre las severas sanciones que le imponen EE.UU. y la Unión Europea (UE).
Al-Yafari ha pedido al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que encargue a las autoridades legales y políticas competentes en la Secretaría General la elaboración de un informe urgente sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses y europeas.
“Siria ratifica esta solicitud oficial y está a la espera de que el secretario general responda y le informe lo antes posible de las medidas que tomó respecto a este asunto grave e importante”, ha aseverado.
El diplomático sirio ha denunciado, en concreto, las consecuencias devastadoras de las restricciones de EE.UU. y la UE sobre la vida del pueblo sirio, así como la capacidad de las Naciones Unidas para implementar sus programas de asistencia humanitaria en Siria.
Asimismo, ha enfatizado la necesidad de que la ONU estudie los desafíos que generan las medidas unilaterales europeas y estadounidenses sobre el proceso político en el país árabe.
Al-Yafari ha instado, del mismo modo, a las Naciones Unidas a que determinen el nivel de la correspondencia de los embargos que recaen sobre la nación siria con las disposiciones de la Carta de la ONU, la Ley Internacional y las resoluciones pertinentes.
El funcionario sirio ha denunciado, específicamente, la Ley César de EE.UU., que recientemente ha entrado en vigor y endurece las restricciones económicas, financieras y bancarias unilaterales contra Damasco y todos aquellos terceros que deseen cooperar en dichos ámbitos con Siria.
Damasco manifiesta que, con su maquinaria punitiva, EE.UU. y los países europeos buscan una prolongación del conflicto en Siria y el retorno del terrorismo a este país. Las autoridades sirias alertan, del mismo modo, que dichas sanciones suponen una violación flagrante de los derechos humanos más básicos y del derecho internacional humanitario.
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