Publicada: domingo, 9 de noviembre de 2025 23:15

La crisis de los opiáceos en EE.UU. es uno de los peores desastres de salud pública en la historia moderna del país, provocando cientos de miles de muertes cada año.

Por: Ali Zeraatpishe

Esta crisis se refiere al dramático aumento de adicciones, sobredosis y muertes causadas por el abuso de medicamentos opioides, que incluyen analgésicos recetados como Oxycodona e hidrocodona, drogas ilegales como la heroína y opioides sintéticos como el fentanilo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), más de 107 000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2023, y alrededor de tres cuartas partes de esas muertes involucraron opiáceos.

Cada día, más de 290 personas mueren debido a sobredosis de opiáceos. El fentanilo, un opioide sintético hasta cincuenta veces más potente que la heroína, es ahora responsable de la mayoría de estas muertes, apareciendo frecuentemente en drogas callejeras o pastillas falsificadas.

La crisis ha devastado regiones enteras de los Estados Unidos. Pequeñas ciudades en los Apalaches, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra han sido arrasadas por la adicción. Los hospitales están colapsados, y muchos niños pierden a sus padres debido a sobredosis, terminando en hogares de acogida.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) estima que más de 2.5 millones de estadounidenses viven actualmente con un trastorno por uso de opiáceos, aunque el tratamiento sigue siendo de difícil acceso y está fuertemente estigmatizado.

El costo económico es igualmente severo. La epidemia drena más de $500 mil millones cada año de la economía estadounidense, a través de pérdida de productividad, gastos médicos y costos del sistema de justicia penal.

¿Cómo comenzó la crisis de los opiáceos en EEUU?

Las raíces de la crisis de los opiáceos se remontan a finales del siglo XX, cuando un cambio importante en la medicina estadounidense se unió a las ambiciones de lucro de las compañías farmacéuticas.

Durante muchos años, los médicos eran cautelosos a la hora de recetar opiáceos, usándolos principalmente para enfermedades graves o terminales debido a su potencial adictivo. Pero a principios de la década de 1990, nuevas ideas médicas y una fuerte presión de las farmacéuticas cambiaron la forma en que se trataba el dolor en los Estados Unidos.

Una de las ideas clave fue “el dolor como el quinto signo vital”. Antes de esto, los médicos medían cuatro signos vitales: temperatura corporal, pulso, ritmo respiratorio y presión arterial. En los años 90, grupos como la American Pain Society (APS) y la Administración de Salud de Veteranos (VHA, por sus siglas en inglés) comenzaron a afirmar que el dolor debía ser medido y tratado con la misma importancia que los otros signos vitales. Los hospitales pronto comenzaron a usar escalas de dolor con gráficos de caritas sonrientes y se presionó para asegurar que el dolor de los pacientes fuera siempre “controlado”.

Esto abrió un nuevo mercado para las compañías farmacéuticas. Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, vio una oportunidad y lanzó el medicamento en 1996. La empresa afirmó falsamente que su diseño de liberación lenta hacía improbable la adicción. Luego llevó a cabo una de las campañas de marketing más grandes de la historia médica, enviando miles de representantes de ventas para convencer a los médicos de que los opiáceos eran seguros para el dolor común. Muchos médicos, presionados para tratar el dolor e influenciados por las afirmaciones de Purdue, comenzaron a recetar opiáceos de manera masiva.

Entre 1999 y 2010, el número de recetas de opiáceos en EE.UU. se cuadruplicó, aunque el nivel general de dolor entre los estadounidenses no aumentó. La adicción se extendió silenciosamente por comunidades en los Apalaches, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra.

Cuando el gobierno finalmente restringió las recetas, millones de personas ya eran dependientes y recurrieron a la heroína, que era más barata y fácil de conseguir. Posteriormente, apareció el fentanilo, mucho más fuerte y letal, llevando la crisis a su etapa más mortal.

¿Cómo las grandes farmacéuticas causaron la crisis de los opiáceos?

Mientras Purdue introdujo el OxyContin, otras compañías pronto se unieron a la carrera por las ganancias. Johnson & Johnson, Teva y Endo International produjeron y promovieron sus propios medicamentos opioides, con las mismas afirmaciones falsas de que la adicción era rara y el alivio del dolor era seguro para su uso a largo plazo.

Estas corporaciones emplearon estrategias de marketing que difuminaron la línea entre la medicina y el comercio, patrocinando conferencias, financiando grupos de “defensa de pacientes” y pagando a médicos para que presentaran investigaciones sesgadas como hechos científicos.

La distribución fue aún más irresponsable. Distribuidores farmacéuticos masivos como McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health enviaron miles de millones de pastillas de opiáceos a pequeñas ciudades de todo Estados Unidos sin monitorear los pedidos sospechosos.

Registros internos más tarde revelaron la magnitud de su negligencia. Por ejemplo, una ciudad en Virginia Occidental, con solo 400 habitantes, recibió más de 9 millones de pastillas de opiáceos en solo dos años.

Las agencias gubernamentales también fracasaron en actuar. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) permitió que los fabricantes de opiáceos promovieran sus productos con etiquetas engañosas, mientras que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) continuaba aprobando licencias y cuotas, incluso cuando las tasas de sobredosis aumentaban. Las advertencias de los investigadores fueron ignoradas, y el cabildeo corporativo mantenía las regulaciones débiles.

Cuando la verdad finalmente se hizo indiscutible, miles de demandas expusieron la corrupción del sistema. En muchos casos, las compañías responsables declararon quiebra, pagaron indemnizaciones limitadas y se reestructuraron bajo nuevos nombres.

¿Cuáles son los efectos de la crisis de los opiáceos en la sociedad estadounidense?

La magnitud de la muerte es enorme. Desde 1999, más de 1.1 millones de estadounidenses han muerto por sobredosis de drogas, la mayoría relacionadas con opiáceos. Detrás de estos números están familias enteras destruidas por la adicción.

En varios condados de Virginia Occidental, Ohio y Kentucky, varias generaciones en una misma familia han sufrido de abuso de sustancias. Muchos niños han perdido a sus padres y han ingresado en hogares de acogida; según el HHS, el número de niños ubicados en hogares de acogida debido al consumo de drogas por parte de los padres se ha más que duplicado entre 2000 y 2025.

Económicamente, la epidemia ha drenado al país. Muchas regiones ya afectadas por la pérdida de empleos y el declive industrial han sido las más golpeadas. La adicción echó raíces donde el trabajo desapareció, y la desesperación llenó el vacío dejado por la disminución de oportunidades.

El Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) estimó en 2019 que la epidemia de opiáceos cuesta al erario público más de $700 mil millones al año, incluyendo pérdida de productividad, gastos en atención médica, cargas del sistema de justicia penal y muertes prematuras.

Los sistemas de salud pública han luchado para hacer frente. Los hospitales rurales enfrentan un número creciente de pacientes por sobredosis, con personal y recursos limitados. Las salas de urgencias urbanas están desbordadas, y el tratamiento para la adicción sigue fuera del alcance para la mayoría de los estadounidenses pobres.

El estigma asociado al consumo de drogas impide que muchos busquen ayuda, mientras que la financiación gubernamental para programas de recuperación sigue siendo insuficiente.

La crisis también ha cambiado el panorama social y político del país. Ha profundizado la desconfianza pública en las instituciones y ha expuesto la hipocresía racial en la política antidrogas de Estados Unidos.

Durante la epidemia de crack/cocaína de los años 80, las comunidades negras pobres enfrentaron encarcelamiento masivo y violencia policial. Pero cuando los opiáceos devastaron áreas mayormente blancas y de clase trabajadora, el gobierno de repente enmarcó la adicción como un problema de salud pública. Este doble rasero reveló cómo la raza sigue moldeando la política estadounidense y la compasión.

¿Cómo se convirtió en una herramienta política para la administración Trump?

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump convirtió la crisis de los opiáceos en una herramienta política, usando el miedo y la desinformación para fortalecer su base, en lugar de abordar uno de los desastres de salud pública más mortales de la historia estadounidense. Su administración continúa enmarcando la epidemia como una amenaza extranjera en lugar de un resultado de la codicia corporativa estadounidense y el fracaso de las políticas.

Trump y sus asesores suelen afirmar que China y México son los principales responsables del flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, los datos del gobierno de EE. UU. muestran que casi el 90 por ciento del fentanilo incautado en la frontera está siendo traficado por ciudadanos estadounidenses, no por migrantes indocumentados.

Si bien algunos ingredientes químicos provienen de China, la DEA confirma que la mayoría del fentanilo se produce y distribuye dentro de EE.UU., a menudo por empresas que utilizan materiales importados legalmente. Estas acusaciones contra Pekín y México son políticamente convenientes, ya que desvían la atención de las compañías farmacéuticas estadounidenses y de décadas de políticas nacionales fallidas en cuanto al control de las drogas.

Las acciones de la administración coinciden con su retórica. En julio de 2025, el gobierno aprobó la “Ley de Detención del Fentanilo”, que amplía los poderes de la policía e impone severas penas de prisión, incluso por posesión menor. Al mismo tiempo, se redujo en un 12 por ciento la financiación federal para el tratamiento de la adicción y los programas de reducción de daños, eliminando el apoyo para más de 150 000 personas.

Los expertos advierten que estas políticas, que recuerdan a la “Guerra contra las Drogas” de la era Reagan, castigarán a las comunidades pobres y minoritarias mientras hacen poco por prevenir las sobredosis.


Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.