El Tribunal de Distrito de Estocolmo ha condenado este jueves a la prisión perpetua a Hamid Nuri, un exfuncionario iraní, acusado de estar implicado en la “ejecución y tortura” de miembros del grupúsculo terrorista Muyahidín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés) en 1988.
Los cargos contra Nuri se derivan de las acusaciones formuladas en su contra por miembros del MKO, las cuales han sido rechazadas categóricamente por la República Islámica.
El portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, ha tachado de “ilegal” y “politizado” el dictamen, y carga contra la corte sueca por haber formulado “acusaciones infundadas y fabricadas contra la República Islámica de Irán y su sistema judicial”.
Ha denunciado que la justicia sueca en lugar de rendir cuentas por haber autorizado la actividad del grupúsculo terrorista Muyahidín Jalq en su país y evadir su responsabilidad de llevar a cabo una lucha integral contra el terrorismo, está promoviendo el terrorismo.
“Para la República Islámica de Irán resulta claro que el caso del Sr. Hamid Nuri fue solo una excusa para una acción política sin ninguna prueba real ni validez legal”, ha agregado.
El diplomático persa ha lamentado que “Suecia, contrariamente a la historia de buenas relaciones entre los dos países, se sumara a la máquina de propaganda [antiraní] de Muyahidín Jalq y haya puesto su sistema judicial al servicio de los objetivos criminales de esa célula terrorista”.
Suecia debe asumir responsabilidad de dañar los lazos con Irán
Ha tachado de “inaceptable e ilegal” el fallo y subrayado que el Tribunal de Distrito de Estocolmo carece de jurisdicción legal para enjuiciar a Nuri, por lo que el Gobierno sueco debe asumir toda responsabilidad de dañar las relaciones bilaterales con Irán.
Kanani ha censurado la detención “arbitraria” de Nuri por la policía sueca en 2019 en Estocolmo y señalado que su arresto fue parte de un “plan prediseñado y engañoso” por parte de los elementos de Muyahidín Jalq.
Asimismo, ha denunciado que, durante los 30 meses que el recluso estuvo en régimen de aislamiento, “fue privado de los derechos humanos más básicos y sometido a maltratos sistemáticos”, incluidas torturas por parte de las autoridades penitenciarias. Durante ese período, agrega, el detenido tampoco tuvo acceso a un médico.
Ha señalado que el comportamiento inhumano y las restricciones impuestas a Nuri durante su arresto constituyen “un claro ejemplo de violaciones de derechos humanos” por parte de un país que “se autoproclama defensor de derechos humanos”.
Ha fustigado además a la corte sueca por enjuiciar a Nuri “bajo fuerte presión psicológica impuesta por el grupo terrorista”, lo cual recurrió a falsos testigos y mentiras para lanzar acusaciones sin fundamento contra el detenido.
Ha denunciado además que el tribunal sueco ni siquiera permitió que Nuri presentara a sus testigos ante la corte y defender su derecho, mientras que dio “completamente el espacio al grupo terrorista”.
El Gobierno iraní ha exigido una y otra vez la inmediata liberación de su ciudadano, tras considerar una “farsa” y una violación del Derecho Internacional su arresto.
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