A través de un comunicado oficial fechado el 15 de diciembre, el Gobierno de Venezuela anunció la extinción inmediata de cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago, tras denunciar la complicidad directa del Gobierno de ese país en el robo de petróleo venezolano, perpetrado según Caracas por la administración estadounidense el 10 de diciembre, mediante el asalto a un buque petrolero.
El Ejecutivo venezolano informó que posee pleno conocimiento de la participación del Gobierno trinitense en esta operación, calificada como un acto de piratería internacional, que constituye una grave violación del derecho internacional, así como de los principios de libre navegación y libre comercio.
El texto menciona directamente a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien acusa de mantener una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al Gobierno, incluyendo la instalación de radares militares estadounidenses en territorio trinitense, con el objetivo de asediar e interceptar buques que transportan petróleo venezolano.
De acuerdo con la declaración, estas acciones habrían convertido a Trinidad y Tobago en una plataforma militar avanzada de Estados Unidos en el Caribe, utilizada para agredir a Venezuela y facilitar operaciones de despojo de sus recursos energéticos, en lo que Caracas define como un acto inequívoco de vasallaje.
Ante esta escalada de hostilidades, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordó que Venezuela ya había denunciado previamente el Acuerdo Marco de Cooperación Energética suscrito entre ambos países, y que el nuevo episodio representa un punto de quiebre definitivo en la relación energética bilateral.
“Hoy, ante este gravísimo hecho que pretende robar vulgarmente el petróleo de Venezuela”, reza el texto, el Gobierno Bolivariano decidió cortar de manera inmediata toda relación contractual vinculada al suministro de gas natural al país vecino, una medida que impacta directamente en los planes energéticos regionales impulsados desde Puerto España.
Por último, el documento oficial lanza una advertencia política y soberana, en la que el Estado venezolano reafirma que no permitirá que ningún ente colonial ni sus aliados atenten contra su soberanía, su derecho al desarrollo y el control de sus recursos estratégicos.
Tras recalcar que “¡Venezuela se respeta!”, el texto enmarca la decisión dentro de una doctrina de defensa integral frente a lo que Caracas considera una ofensiva coordinada de carácter imperial, dirigida a asfixiar económica y energéticamente al país.
EE.UU. ha desplegado desde hace semanas un enorme contingente militar en el Caribe, marcando el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 87 tripulantes.
Tras el despliegue de este contingente militar en el Caribe, el miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la incautación de un barco frente a las costas venezolanas, afirmando que Estados Unidos se quedaría con el petróleo que transportaba.
Caracas considera los movimientos estadounidenses cerca de sus costas como una agresión armada dirigida a imponer un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.
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