• El primer ministro Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant (Foto: REUTERS)
Publicada: lunes, 15 de diciembre de 2025 23:02

La Corte Penal Internacional rechazó la apelación israelí y mantiene la investigación por los crímenes de guerra en Gaza, ratificando órdenes contra Netanyahu y Gallant.

Mediante un comunicado oficial, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya rechazó el lunes uno de los recursos legales presentados por Israel, que intentaba bloquear una investigación sobre sus acciones en la guerra genocida contra el pueblo palestino en Gaza. Esta decisión representa un golpe a los esfuerzos de Israel por desestabilizar el caso.

La resolución se produjo en el marco de una investigación en curso sobre crímenes de guerra en Palestina, que ha resultado en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra” cometidos durante la guerra genocida en Gaza.

Israel había argumentado que la magnitud del conflicto posterior al 7 de octubre representaba un cambio fundamental, lo que activaba nuevas obligaciones legales bajo el Artículo 18 del Estatuto de Roma.

Sin embargo, los jueces rechazaron esa afirmación y concluyeron que “no se había producido ningún cambio sustancial en los parámetros de la investigación que requiriera una nueva notificación”. El tribunal precisó que la investigación original, abierta en 2021, ya abarcaba los crímenes de guerra cometidos “desde el 13 de junio de 2014, sin fecha de finalización”.

 

Israel ha intentado en reiteradas ocasiones revocar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional, cuestionando tanto la imparcialidad del fiscal jefe, Karim Khan, como la jurisdicción del tribunal. La investigación de la CPI se inició en 2021 a raíz de una remisión de Palestina y se ha ampliado recientemente con el respaldo de otros siete países.

Israel argumentó que debía haber recibido una nueva notificación formal conforme al artículo 18-1 del Estatuto de Roma. Sin embargo, la CPI concluyó que los hechos ocurridos después del 7 de octubre ya estaban incluidos en la notificación original de 2021, por lo que no era necesaria una nueva comunicación.

La CPI, un tribunal permanente compuesto por 125 Estados miembros, ha sido objeto de críticas constantes por parte de funcionarios de Estados Unidos, que consideran que vulnera la soberanía nacional. En el pasado, la investigación sobre presuntos crímenes de guerra israelíes ha resultado en sanciones estadounidenses contra funcionarios clave del tribunal.

Dichas sanciones incluyen severas multas y penas de prisión para quienes brinden apoyo a las personas sancionadas, lo que ha llevado a empresas y particulares a retirar sus servicios. Según informes, estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para presionar a la CPI en relación con las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant.

En julio, medios de comunicación informaron que Karim Khan recibió advertencias de que él y la CPI serían “destruidos” si no se retractaban de las órdenes. Además, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham amenazó con imponer sanciones adicionales si el fiscal avanzaba con las solicitudes de arresto.

En mayo, la oficina de Khan anunció que el fiscal tomaría una licencia temporal mientras se lleva a cabo una investigación de la ONU sobre denuncias de conducta sexual inapropiada. Sus abogados negaron todas las acusaciones y afirmaron que la decisión respondía únicamente al intenso escrutinio mediático.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de más de 70 400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejado más de 171 000 heridos, según cifras de autoridades sanitarias locales. La ofensiva, que se extiende por segundo año consecutivo, ha destruido vastas zonas del territorio palestino bajo bloqueo.

Diversos expertos y organizaciones de derechos humanos sostienen que las acciones de Israel en la Franja de Gaza, con el respaldo de EE.UU. y otros países occidentales, podrían constituir crímenes de genocidio, acusaciones que Israel y sus aliados rechazan enfáticamente.

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