El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, afirmó el jueves que el gobierno británico amenazó con retirar los fondos de la corte y con abandonar el Estatuto de Roma, que fue fundamental para su creación, si el tribunal procedía con una orden de arresto contra el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de asuntos militares, Yoav Gallant.
Khan relató que en una llamada telefónica el 23 de abril de 2024, un alto funcionario británico, identificado por medios como el entonces secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron, calificó de “desproporcionada” la idea de emitir las órdenes de arresto y advirtió que, si la justicia internacional lo hacía, el Reino Unido podría retirar su financiamiento e incluso “retiraría” su adhesión al tratado que creó la Corte.
El fiscal también afirmó que recibió presiones similares de Estados Unidos, donde un senador advirtió que proceder con los mandatos de captura podría desencadenar “consecuencias desastrosas”.
El funcionario de la CPI defendió su actuación, destacando que fue el resultado de un análisis jurídico riguroso respaldado por expertos internacionales. Aseguró que la decisión de solicitar las órdenes de arresto se tomó antes de que surgieran alegaciones sobre su conducta personal, las cuales él atribuye a campañas mediáticas destinadas a desacreditarlo.
Desde que la CPI emitió en noviembre de 2024 las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, Israel ha rechazado rotundamente la jurisdicción del tribunal, calificando la medida de “discriminatoria” y “antisemita”. Además, países como Hungría han ignorado o rechazado cumplir con los mandatos, retirando su participación en la CPI.
Activistas y organizaciones de derechos humanos han interpretado las amenazas de potencias occidentales como un intento de proteger a los líderes israelíes de la rendición de cuentas ante la justicia internacional por los ataques a civiles en Gaza.
La controversia ha desatado un intenso debate global sobre la independencia del sistema de justicia internacional, la presión política de potencias poderosas contra tribunales supranacionales y la impunidad percibida frente a las violaciones de derechos humanos en el marco de la prolongada guerra israelí contra Palestina.
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