Durante una entrevista concedida el miércoles a la cadena catarí Al Jazeera, el portavoz de la Corte, Fadi El Abdallah, confirmó que los órdenes de arresto emitido contra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, siguen vigentes y que las investigaciones continúan en curso.
Señalando que el uso del hambre como arma de guerra fue una de las principales razones para emitir la orden de arresto contra Netanyahu y Gallant, afirmó: “no nos dejamos influenciar por las presiones y sanciones de Estados Unidos tras nuestra decisión contra Israel”.
En febrero de 2025, Washington respondió revocando la visa del fiscal jefe, Karim Khan, congelando sus activos y prohibiendo la entrada de su familia a Estados Unidos.
En junio, la Casa Blanca fue aún más allá e impuso sanciones a cuatro jueces de la CPI, en una represalia sin precedentes por la emisión de la orden de arresto contra Netanyahu. Dos de los magistrados sancionados integran el panel que recientemente rechazó la petición de Israel de anular las órdenes.
El portavoz recordó que “Palestina ha otorgado a la Corte Penal Internacional la jurisdicción para investigar los crímenes cometidos por Israel en su territorio o contra sus ciudadanos en otros países”.
Al concluir, recordó que la CPI no cuenta con fuerzas militares ni policiales para ejecutar las detenciones, por lo que hizo un llamado a los Estados parte del Estatuto de Roma a colaborar con la Corte y cumplir con las órdenes emitidas.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con el genocidio en curso de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza.
Actualmente, los 125 países firmantes del Estatuto de Roma están legalmente obligados a detener y entregar a las personas buscadas por la CPI. El juicio no puede iniciarse en ausencia del acusado.
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