El Gobierno peruano acusa infiltración criminal en las protestas, lo que muchos ven como un intento de desacreditar el reclamo ciudadano. Mientras tanto, choferes y trabajadores mueren víctimas de extorsiones, que en solo nueve meses de 2025 ya alcanzan el 82% de las denuncias de todo 2024.
Arana deslegitimó las protestas, calificando a los manifestantes como parte de una organización criminal, y minimizó las extorsiones.
En las últimas semanas, las protestas en Perú se intensificaron, inicialmente por el tema de las AFP y luego por la creciente inseguridad, movilizando especialmente a la generación Z.
Además de la indiferencia del gobierno, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, criminalizó el paro de transportistas al tildarlo de “medida violenta, criminal y delictiva”, pese a que los gremios solo exigen justicia y seguridad.
Aarón Rodríguez, Lima.
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