La fuente, citada por la agencia británica Reuters, ha dicho el miércoles que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que la CPI modifique su documento fundacional para garantizar que no investigue al mandatario republicano ni a sus principales funcionarios, de lo contrario, ha amenazado con nuevas sanciones contra el tribunal internacional.
Si la CPI no atiende esta demanda de EE.UU. y otras dos —archivar las investigaciones sobre líderes israelíes por la guerra en Gaza y cerrar formalmente una pesquisa previa sobre tropas estadounidenses en Afganistán— Washington podría sancionar a más funcionarios de la CPI e incluso al propio tribunal, ha declarado el funcionario al medio británico en condición de anonimato.
Ha señalado también que Washington ha comunicado sus demandas a los miembros de la CPI, algunos de ellos aliados de Estados Unidos, y las ha hecho conocer al propio tribunal.
El funcionario no ha especificado qué asuntos preocupan a la Administración que podrían ser investigados por la CPI, pero ha mencionado “comentarios abiertos” en la comunidad legal internacional sobre que el tribunal podría centrarse en Trump y sus principales funcionarios en 2029, al finalizar el mandato del presidente republicano.
“Existe una creciente preocupación (…) de que en 2029 la CPI vuelva su atención al presidente, al vicepresidente, al secretario de Defensa y otros, y los someta a procesos”, ha planteado.
En noviembre pasado, jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de guerra sionista Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto en Gaza, el cual ha dejado unos 70 366 muertos en el enclave costero palestino.
En marzo de 2020, los fiscales iniciaron una investigación en Afganistán que incluía posibles crímenes cometidos por tropas estadounidenses. Desde 2021, el tribunal ha dejado en segundo plano la indagación sobre el papel de EE.UU., pero no ha cerrado formalmente la pesquisa.
Para obligar al tribunal de guerra a retirar estos cargos, EE.UU. impuso a principios de este año sanciones a nueve funcionarios de la CPI, incluidos jueces y fiscales. Sin embargo, no ha sancionado al tribunal como entidad, lo que interrumpiría gravemente su funcionamiento.
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La CPI, creada en 2002, opera en virtud de un tratado que le otorga jurisdicción para procesar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Cabe destacar que ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la corte, que reconoce al Estado de Palestina como miembro y afirma tener jurisdicción sobre acciones en territorios palestinos.
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