La Administración de Donald Trump ha impuesto una nueva ronda de sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal, Karim Khan.
En un comunicado emitido este miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que había tomado medidas contra los jueces de la CPI, Kimberly Proust de Canadá, Nicolas Guillou de Francia y los fiscales Nazhat Shameem Khan de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal.
“Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, ha destacado la nota.
Las sanciones estadounidenses contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE.UU., y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.
La jueza Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra. En algunos casos se investiga a fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de Afganistán.
De igual modo, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a estadounidenses, y en Sudán.
Por su parte, el juez francés Guillou ha formado parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de asuntos militares, Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
En noviembre, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por los crímenes de guerra en Gaza.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, pero casi todos los aliados occidentales de Estados Unidos, así como Japón y Corea del Sur, la gran mayoría de América Latina y gran parte de África, son parte del estatuto y, en teoría, están obligados a arrestar a los sospechosos cuando pisan su territorio.
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