A las cuatro juezas, se les prohibirá la entrada a EE.UU. y se bloqueará cualquier propiedad u otro interés en la mayor economía del mundo. “Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos de las acciones ilegítimas de la CPI”, declara este jueves en un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Rubio también ha hecho un llamamiento a los países que secundan los dictámenes de la Corte Penal Internacional a luchar “contra este vergonzoso ataque contra nuestra nación e Israel”.
Estos pasos de Estados Unidos pretenden aumentar la presión contra la CPI, con sede en La Haya, para influir en los procedimientos judiciales relativos a los crímenes de guerra perpetrados por el régimen de Tel Aviv y Washington.
Dos de las juezas, Beti Hohler, de Eslovenia, y Reine Alapini-Gansou, de Benín, participaron en los procedimientos que condujeron a la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en noviembre.
El tribunal halló “motivos razonables” de responsabilidad penal de Netanyahu y del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por acciones que incluyen el crimen de guerra de inanición como método de guerra en la agresión genocida contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
Las juezas, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú, y Solomy Balungi Bossa, de Uganda, tomaron parte en los procedimientos judiciales que condujeron a la autorización de una investigación sobre las acusaciones de que las fuerzas estadounidenses cometieron crímenes de guerra durante la incursión estadounidense en Afganistán.
En respuesta, la CPI critica las sanciones estadounidenses por intento de socavar la independencia de la institución. “Estas medidas constituyen un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todo el mundo”, declara la institución, igualmente, en un comunicado, comprometiéndose a respaldar a su personal.
Atacar a quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en el conflicto. Solo envalentona a quienes creen que pueden actuar con impunidad, añade el texto.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, pero casi todos los aliados occidentales de Estados Unidos, así como Japón y Corea del Sur, la gran mayoría de América Latina y gran parte de África, son parte del estatuto y, en teoría, están obligados a arrestar a los sospechosos cuando pisan su territorio.
rmh/ctl/rba
