Mediante un comunicado emitido este lunes, el KLP informa que las empresas de telecomunicaciones, energía, construcción y bancos que han trabajado en contra de la ética del fondo, es decir, ayudando a facilitar la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados, no podrán acceder a sus inversiones, pues “existe un riesgo inaceptable” de que estas “contribuyan a violaciones de derechos humanos” en la Cisjordania ocupada.
El fondo noruego apunta contra los bancos porque estos contribuyen al desarrollo, expansión o mantenimiento de los asentamientos. En el caso de las empresas constructoras, ya que entregan materiales y en el caso de las telecomunicaciones, pues sus servicios son “infraestructuras básicas para las sociedades modernas”.
El KLP afirma también que ha vendido acciones de las referidas compañías por un valor de 31,81 millones de dólares, entre ellas las de la estadounidense de telecomunicaciones, Motorola.
Además, ha cortado su relación con varios operadores de telecomunicaciones que ofrecen servicios dentro de la Cisjordania ocupada, argumentado que su actividad causa que “los asentamientos sean áreas residenciales atractivas”.
Tal y como detalla la nota, el KLP ha tomado esta decisión tras salir a la luz una lista publicada en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluye el nombre de 112 empresas relacionadas con la expansión de las colonias en los territorios palestinos ocupados.
Más de 600 000 israelíes residen en más de 230 asentamientos construidos ilegalmente en la ocupación de Cisjordania y el este de Al-Quds (Jerusalén).
La mayoría de los países y organizaciones internacionales considera ilegales los asentamientos que Israel ha construido y sigue levantando en los territorios ocupados desde la guerra de los Seis Días en 1967. No obstante, el régimen de Tel Aviv hace caso omiso a estas denuncias y sigue con su plan expansionista.
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