La Comisión Europea (CE) lo ha adoptado este miércoles en un intento por asegurar los intereses de las empresas europeas frente a los embargos establecidos por Washington contra Teherán.
El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, anunció, en mayo pasado, el lanzamiento del proceso de la “ley” de 1996 para facilitar las inversiones europeas en el territorio iraní.
Con esta iniciativa, el órgano ejecutivo del bloque comunitario pretende eliminar, además, los obstáculos que prohibían al Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiar proyectos en el país persa.
De hecho, la actualización de la ley propone a la entidad financiera europea incluir a Irán en la lista de países “elegibles” para financiar proyectos, mientras que hasta el momento Teherán tenía el estatus de “potencialmente elegible”.
Tras la ratificación de esas medidas, el Consejo y el Parlamento europeos tienen un plazo de dos meses para plantear sus opiniones y sugerencias al respecto.
En el caso de que no haya oposición, se prevé que las medidas entren en vigor a principios del próximo mes de agosto, coincidiendo así con la fecha anunciada por EE.UU. para la predisposición de sanciones contra Irán, después de que Washington se saliera del pacto nuclear firmado entre Teherán y el entonces Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania).
Tras la salida unilateral de EE.UU. del acuerdo, Teherán ha reclamado a los europeos garantías para seguir cumpliendo sus compromisos, además de asegurar que, si no puede disfrutar de los beneficios económicos derivados del pacto, lo abandonará y reiniciará sus actividades nucleares a niveles anteriores del mismo o incluso mayores.
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