La Fundación Democracy Forward reveló un acuerdo confidencial firmado entre la administración de Donald Trump y el Gobierno de Nayib Bukele para deportar migrantes a El Salvador.
El documento señala que el Departamento de Estado de EE.UU. envió 4,76 millones de dólares para que El Salvador recibiera alrededor de 300 personas, acusadas sin evidencia de formar parte del ya desaparecido Tren de Aragua y destinadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La organización señaló que los recursos enviados a Bukele disminuyeron los presupuestos destinados a iniciativas de apoyo a caravanas de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como a la asesoría legal y la atención de salud reproductiva, incluyendo casos de aborto.
El acuerdo establece una permanencia mínima de un año en la prisión, la cual ha sido denunciada en múltiples ocasiones por violaciones a los derechos humanos.
La transacción se ejecutó el 22 de marzo de 2025 a través de JP Morgan Chase Bank y el Banco Central de Reserva de El Salvador, mientras tribunales federales impugnaban la legalidad de las deportaciones.
Según el comunicado de Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, la Oficina Oval trató de mantener el acuerdo en secreto mientras buscaba “facilitar la desaparición de personas del territorio estadounidense”.
La organización advirtió que el documento no obliga a las autoridades salvadoreñas a impedir torturas, detenciones indefinidas u otros abusos en el Cecot, lo que reaviva el debate sobre las deportaciones exprés y la violación de los derechos humanos de los migrantes durante la administración de Trump.
También se exime de responsabilidad al Departamento de Estado de EE.UU. por “reclamaciones de terceros” en casos de daños derivados de su implementación.
El Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos para enviar a los migrantes que desea deportar a terceros países que no son los suyos. Además de El Salvador, se han establecido pactos con naciones donde no se respetan los derechos humanos y donde es difícil garantizar el futuro de los detenidos, como Sudán del Sur, Uganda y Esuatini en África.
En todos los casos, los acuerdos alcanzados con los Gobiernos no se han dado a conocer. El secretismo ha dominado las negociaciones, que se han establecido con varias decenas de países y apenas hay información de los deportados.
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