Al menos 415 personas han fallecido en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado, en el contexto del régimen de excepción que se aplica desde hace más de tres años para combatir a las pandillas. Representantes de organizaciones no gubernamentales explican que la cifra es un estimado de las ONG a partir de las denuncias de los casos, señalando que el régimen de excepción se ha convertido en una política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años.
Los defensores de los derechos humanos señalan que bajo el régimen de excepción, se han registrado graves violaciones, delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura. Esta medida también se está aplicando a defensores humanitarios.
Los líderes defensores de derechos humanos denuncian que el régimen de excepción no tiene como un último fin garantizar la seguridad, sino ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial. Por tanto, piden a la comunidad internacional prestar más atención a lo que ocurre en El Salvador.
El régimen de excepción cumplió el pasado 27 de marzo tres años de implementación. En este tiempo se contabilizan más de 85 900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras. Mientras, el régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
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