En su informe "Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados", la CIDH pidió a Washington que ponga fin a la práctica de "detención migratoria arbitraria de familias, que se aplica automáticamente a aquellas familias en situación migratoria irregular al cruzar la frontera, para las que haya suficiente espacio en un centro de detención migratoria de familias".
Tener diferentes regímenes jurídicos para niños, niñas y adolescentes no acompañados basados únicamente en su país de origen resulta discriminatorio", consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión sostuvo que la detención es "una medida desproporcionada en la mayoría de estos casos", y que Estados Unidos debe desarrollar e implementar "inmediatamente medidas alternativas a la detención y desistir de crear más centros de detención migratoria".
En el caso extraordinario de que la detención migratoria de una familia se considere justificada, ésta se debe llevar a cabo, según la Comisión, "en el entorno menos restrictivo posible y que mejore las condiciones de detención". En el centro de detención deberán "esforzarse por proporcionar un entorno favorable para el desarrollo de la niñez", insistió la CIDH.
Los comisionados también pidieron a la Administración de Barack Obama que proporcione abogados financiados por el Estado para los niños no acompañados y para las familias que lo requieran y que no puedan cubrir los costos.
A diferencia de lo que ocurre en un proceso criminal, en el que si el acusado no tiene dinero para pagar un abogado se le garantiza uno de oficio para que le defienda, en los procesos de inmigración en Estados Unidos no está garantizada la asistencia legal de un abogado, independientemente de la edad del inmigrante indocumentado.
También recomendó que Estados Unidos "invierta más en sus cortes de inmigración comenzando por la contratación de más jueces y apoyo administrativo judicial a fin de que los jueces puedan tener portafolios manejables y dedicar el tiempo y enfoque necesarios a los casos ante ellos".
Las cortes de inmigración se encuentran actualmente colapsadas ante el aumento significativo de casos y el escaso número de jueces de inmigración que hay en el país. En la actualidad hay sólo 250 jueces de inmigración en 58 cortes distribuidas por todo el país.
La CIDH también pidió a Estados Unidos que investigue las denuncias de abusos sexuales en el centro de detención de Karnes City (Texas) y sancione a los responsables si se comprueba la culpabilidad.
La Comisión expresó a su vez su preocupación por el tratamiento diferenciado que reciben los niños provenientes de México y los menores centroamericanos, en virtud de la llamada ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, por sus siglas en inglés) de 2008.
En virtud de esta ley, el Gobierno estadounidense puede deportar inmediatamente a niños indocumentados no acompañados mexicanos o canadienses, ya que ambos países comparten frontera con Estados Unidos. Pero en el caso de los niños centroamericanos o de otros países que cruzan solos la frontera es un tribunal de inmigración el que debe decidir si deben ser o no deportados a sus países de origen.
"Tener diferentes regímenes jurídicos para niños, niñas y adolescentes no acompañados basados únicamente en su país de origen resulta discriminatorio", consideró la Comisión.
La CIDH también instó al Congreso de EE.UU. a aprobar una reforma migratoria integral, que permita regularizar la situación de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país norteamericano.
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