Publicada: sábado, 25 de octubre de 2025 22:44

A medida que el Líbano se acerca lentamente a sus próximas elecciones parlamentarias, previstas para mayo de 2026, el país se encuentra sometido a una presión sin precedentes en la intersección de la política, la economía y la seguridad.

Por Sondoss Al Asaad *

Estas presiones no son incidentes aislados, sino intentos coordinados destinados a remodelar el panorama político y social antes de que se depositen las urnas a comienzos del próximo año.

Una combinación de chantaje diplomático, coerción económica, manipulación mediática e intimidación militar converge para crear un entorno en el que la soberanía del Líbano y la auténtica representación de su pueblo —en particular, de las comunidades vinculadas a la resistencia— se ven directamente amenazadas.

En el centro de esta estrategia hay dos objetivos interconectados: manipular el sistema electoral para promover intereses políticos específicos y explotar las preocupaciones de seguridad —especialmente a lo largo de las fronteras norte y este— para justificar restricciones e intervenciones.

En conjunto, estas dinámicas constituyen un asalto integral a la autonomía libanesa antes de las elecciones.

Manipulación electoral: las Fuerzas Libanesas y el voto de los expatriados

Un elemento central de esta estrategia es el impulso de las Fuerzas Libanesas para modificar la ley electoral. Aunque el objetivo declarado es facilitar el voto de los libaneses expatriados, la intención subyacente es mucho más táctica y estratégica.

El movimiento de resistencia Hezbolá, designado como una supuesta “organización terrorista” por varios países, enfrenta desafíos particulares para asegurar los votos de la diáspora. Muchos libaneses que viven en el extranjero temen posibles repercusiones legales o políticas si votan por los representantes de Hezbolá, creando una vulnerabilidad que las Fuerzas Libanesas están dispuestas a explotar.

Al modificar la ley para simplificar el voto de los expatriados, las Fuerzas Libanesas —un grupo que en el pasado fue una milicia— buscan redirigir los votos lejos de Hezbolá, reduciendo así su representación parlamentaria y debilitando su influencia política.

Esta maniobra, revestida de un lenguaje procedimental, tiene menos que ver con la transparencia electoral y más con aprovechar los temores y divisiones existentes para diseñar un Parlamento más alineado con los intereses de los donantes y de Occidente.

Detrás de este intento de manipulación electoral se oculta un esfuerzo más amplio por socavar los cimientos sociales de la resistencia. Al atacar las redes de financiamiento, las organizaciones comunitarias y las iniciativas de participación cívica, los actores externos buscan restringir la influencia de Hezbolá no solo en el ámbito político, sino también dentro del tejido social del país, limitando su capacidad para movilizar comunidades por medios democráticos legítimos.

Un asedio sin bombas: la guerra económica contra el pueblo libanés

La coerción económica ha emergido como un instrumento central en esta campaña multidimensional, mediante la cual agencias estadounidenses y del Golfo Pérsico ejercen activamente presión sobre bancos, instituciones de transferencia de dinero y casas de cambio para interrumpir los canales de financiación vinculados a Hezbolá y a las organizaciones sociales asociadas.

El aumento del control sobre las transacciones financieras, la intensificación de la coordinación de inteligencia en aeropuertos y puertos, y la supervisión sistemática de activos se han convertido en medidas rutinarias destinadas a restringir el flujo de fondos.

Incluso los Estados del Golfo Pérsico, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, han impuesto controles más estrictos sobre la capacidad de los residentes libaneses para transferir dinero al extranjero, obligando a algunas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil a operar a través de canales alternativos, a menudo precarios.

Aunque estas medidas suelen presentarse bajo el marco de iniciativas contra el lavado de dinero, su impacto práctico apunta directamente a las redes de apoyo de la resistencia, creando una presión económica diseñada para influir en los resultados políticos.

Este asedio económico en evolución ilustra cómo los instrumentos financieros han sido reutilizados como herramientas de presión política, erosionando la soberanía económica del Líbano y forzando a sus instituciones a alinearse con agendas impuestas desde el exterior.

Reconfigurar la narrativa

Paralelamente a la coerción económica, ha surgido una sofisticada campaña mediática y política destinada a reinterpretar las dinámicas internas del Líbano desde una perspectiva externa y, a menudo, hostil.

Los medios occidentales e israelíes retratan cada vez más al movimiento de resistencia Hezbolá como una amenaza militar en rápida expansión, destacando selectivamente ciertas actividades para alarmar a diplomáticos, círculos políticos y observadores internacionales.

Los informes analíticos se calibran para transmitir la impresión de que el Estado libanés —particularmente su ejército— es incapaz de contrarrestar eficazmente a la resistencia.

 

Esta narrativa sirve para legitimar la intervención extranjera y las restricciones internas dirigidas contra Hezbolá, al tiempo que presenta dichas acciones como neutrales o necesarias para mantener la “estabilidad” y la “seguridad” del país árabe.

En realidad, esto forma parte de un esfuerzo más amplio de comunicación estratégica diseñado para crear pretextos que justifiquen la presión económica, política y de seguridad sostenida sobre el Líbano.

La reducción de la influencia de la resistencia se presenta así no como una injerencia externa, sino como un supuesto paso hacia la estabilización y la reforma.

La renovada preocupación israelí por el norte del Líbano se ha expresado mediante maniobras militares a gran escala, amenazas públicas y declaraciones mediáticas cuidadosamente orquestadas que subrayan el supuesto peligro “existencial” que representa Hezbolá.

Estas medidas están diseñadas para generar ansiedad política, justificar la continua violación de la soberanía libanesa y presionar a las instituciones nacionales para que actúen de acuerdo con los intereses geopolíticos israelíes y occidentales.

Las consecuencias son tangibles. La población civil y la infraestructura —incluidas escuelas, hospitales y servicios públicos vitales— se convierten en objetivos indirectos, lo que obstaculiza los esfuerzos de reconstrucción e impide el regreso de las poblaciones desplazadas de las aldeas fronterizas adyacentes a la Palestina ocupada.

A lo largo de la frontera siria, los ataques de grupos vinculados a las redes armadas de Al-Golani también impiden que los residentes recuperen sus tierras, fomentando la inseguridad y el desplazamiento forzoso.

El efecto combinado es el debilitamiento sistemático del Estado, la fragmentación de las comunidades locales y la limitación de la capacidad de Hezbolá para mantener su presencia estratégica.

Al despoblar y desestabilizar estas regiones fronterizas, los actores externos buscan cortar las líneas vitales logísticas y sociales de la resistencia, socavando la soberanía del Líbano y su capacidad para resistir la manipulación y el control extranjeros.

La complicidad política del gabinete de Salam

El gabinete de facto del Líbano, encabezado por el primer ministro Nawaf Salam, ha actuado en muchos aspectos como un conducto para las directrices externas. Las decisiones de bloquear vuelos de ayuda humanitaria, rechazar iniciativas de reconstrucción e implementar medidas financieras y judiciales alineadas con los marcos occidentales ponen de relieve cómo las principales instituciones del Estado se han visto parcialmente subordinadas a la influencia extranjera.

Estas acciones refuerzan la percepción de que la soberanía del Líbano está cada vez más limitada, y que sus políticas nacionales se moldean tanto por las condiciones impuestas por los donantes como por las prioridades internas.

A pesar de estas presiones, la influencia social y política de Hezbolá sigue siendo notablemente resistente. Sus redes están profundamente arraigadas en las comunidades locales, proporcionando servicios sociales, asistencia humanitaria y representación política que van mucho más allá de su dimensión militar.

La resistencia, en este contexto, no es simplemente un movimiento armado, sino una institución social e histórica, profundamente arraigada en la memoria colectiva de la confrontación contra la ocupación desde 1982. Por ello, cualquier intento de socavarla se enfrenta a un apoyo popular constante, lo que demuestra los límites de la influencia externa.

Las presiones que enfrenta el Líbano se intensifican aún más por las estrategias de seguridad regional que van más allá de la influencia israelí. A través de la creación de zonas de inseguridad y dependencia económica, estos proyectos buscan desconectar al Líbano de sus aliados regionales, aislar a las comunidades vinculadas a la resistencia y consolidar estructuras de seguridad bajo control extranjero dentro del país.

Esta manipulación de las fronteras libanesas cumple un doble propósito: erosiona la gobernanza local y la resiliencia comunitaria, al tiempo que permite a las potencias externas dictar los resultados políticos y de seguridad en regiones de importancia estratégica.

Comportamiento incivilizado y animalístico del enviado estadounidense

Mientras tanto, el enviado estadounidense para Siria, Thomas Barrack, ha intensificado su retórica cargada de odio, emitiendo advertencias sobre el caos y las consecuencias vinculadas a la ayuda, la reconstrucción y las concesiones políticas.

La estrategia de Barrack vincula explícitamente el apoyo de Estados Unidos con la desmilitarización, la sumisión política y las agendas de normalización. Si bien estas amenazas son serias, su impacto real depende de la aplicación sostenida de presiones institucionales, económicas y sobre el terreno, que ya son observables en todo el Líbano.

El efecto combinado del asedio financiero, el hostigamiento mediático, la inseguridad fronteriza y el chantaje diplomático constituye un intento integral de debilitar a las comunidades vinculadas a la resistencia e influir en el ambiente previo a las elecciones.

Proteger la soberanía del Líbano es imperativo

El Líbano se encuentra bajo un asalto multidimensional previo a las elecciones. La estrategia combina manipulación electoral, coerción financiera, ataques mediáticos y políticos, y presión militar regional, con el objetivo de reestructurar el orden político, marginar a las comunidades de la resistencia e imponer soluciones de seguridad dictadas desde el exterior.

Para contrarrestar esto, el Líbano debe adoptar una respuesta nacional unificada que proteja la integridad y la transparencia del proceso electoral, resista el chantaje financiero y mediático a través de sus instituciones nacionales, reafirme su soberanía política y garantice que las decisiones reflejen las prioridades nacionales y no las externas. Además, debe preservar la cohesión social y las redes de apoyo popular que sustentan la resiliencia frente a las presiones externas.

Sin una respuesta coordinada, el Líbano corre el riesgo de entrar en un período prolongado de dependencia, manipulación y sometimiento político.

La supervivencia de la nación, y su capacidad para afirmar su independencia, dependen de la fortaleza de su base popular, de la solidez de sus instituciones y de la preservación de su soberanía frente a las fuerzas internas y externas que buscan redibujar su destino.

Solo mediante la combinación de cohesión social, integridad institucional y vigilancia política podrá el Líbano garantizar que las elecciones reflejen la voluntad de su pueblo, y no los designios de potencias extranjeras, evitando así la imposición de una realidad que socave su soberanía.

 

* Sondoss Al Asaad es periodista y analista política libanesa, radicada en Beirut.


Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.