Según un informe publicado por Reuters el viernes, la Administración Trump incluyó a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, junto con altos miembros de la CPI, en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, congelándoles sus activos y cortándoles acceso al sistema financiero global.
Reuters argumentó que funcionarios estadounidenses han tratado de justificar las medidas acusando a la CPI de llevar a cabo investigaciones “ilegítimas y sin fundamento” sobre funcionarios israelíes por el genocidio que perpetra el régimen sionista en Gaza, así como investigaciones pasadas que involucraron a personal militar estadounidense.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por cargos que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en particular el uso del hambre como método de guerra contra los habitantes de Gaza.
De acuerdo a la fuente, las sanciones contra Albanese se ejecutaron, al parecer, luego de que ella enviara cartas confidenciales a una serie de empresas estadounidenses, advirtiéndoles que podrían ser nombradas en un informe de la ONU por “contribuir a graves violaciones de los derechos humanos” vinculadas a las operaciones militares israelíes en Gaza y la Cisjordania ocupada.
Las empresas contactadas incluyeron Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft y Palantir. Al menos dos de esas empresas buscaron ayuda de la Casa Blanca después de recibir las cartas, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters.
La Administración Trump citó posteriormente la correspondencia como evidencia de que Albanese estaba llevando a cabo lo que describió como una “guerra política y económica”.
“Está claro que no se ha respetado mi inmunidad diplomática”, declaró Albanese a la agencia, añadiendo que la responsabilidad recae en el fracaso de los Estados miembros a la hora de actuar con decisión.
Washington también sancionó a ocho jueces de la CPI y a varios fiscales, incluidos funcionarios involucrados en la autorización de investigaciones relacionadas con Gaza y Afganistán.
Según el informe, las medidas forman parte de una campaña estadounidense más amplia para presionar a las instituciones internacionales consideradas como una amenaza para los intereses estadounidenses o de sus aliados.
Los defensores de los derechos humanos y los expertos en derecho advirtieron que tales acciones corrían el riesgo de paralizar la capacidad de la Corte Penal Internacional de funcionar y sentar un precedente para el uso de la fuerza económica para atacar a los tribunales internacionales y los mecanismos de las Naciones Unidas.
Por su parte, la CPI condenó las sanciones y subrayó que continuará su trabajo “para brindar justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades”.
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