“Israel no tiene derecho a impedir que las organizaciones humanitarias entren en Gaza y los territorios ocupados”, enfatizó Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, según recogieron el miércoles los medios.
En esta línea, la abogada y activista de derechos humanos italiana urgió a todos los países a “suspender las relaciones con Israel hasta que cumpla con el derecho internacional”.
Sus declaraciones se produjeron después de que el gabinete israelí confirmara 1 de enero la prohibición de acceso a la Franja de Gaza para 37 grandes organizaciones internacionales —entre ellos Médicos Sin Fronteras (MSF), el Norwegian Refugee Council, Care, World Vision u Oxfam—, so pretexto de no haberle comunicado la lista de nombres de sus empleados, en virtud de una nueva normativa.
“Las organizaciones que no hayan cumplido con las normas requeridas en materia de seguridad y transparencia verán suspendida su licencia”, declaró en un comunicado el ministerio israelí de la diáspora y de la lucha contra el antisemitismo.
El anuncio se produjo mientras el régimen ha bloqueado la entrada de la mayor parte de la ayuda humanitaria —acordada en un alto el fuego firmado en octubre de 2025 con el movimiento de Resistencia palestino HAMAS— a la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra genocida israelí y donde la mayoría de los habitantes necesita con urgencia vivienda, atención médica y seguridad alimentaria.
Asimismo, el régimen israelí demolió el 20 de enero la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), en Al-Quds (Jerusalén), en un desafío abierto y deliberado al Derecho Internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas.
Once países, incluidos nueve Estados europeos, además de Canadá y Japón, han condenado la demolición de la sede de la UNRWA en Al-Quds, describiendo la medida como una “escalada peligrosa y sin precedentes contra una agencia de la ONU”.
En una declaración conjunta, los países instaron a Israel a detener todas las operaciones de demolición, abrir los cruces fronterizos y levantar las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la asediada Gaza y la Cisjordania ocupada, de conformidad con el derecho internacional humanitario.
HAMAS, por su parte, acogió con satisfacción la declaración conjunta e instó a los gobiernos a garantizar que la UNRWA pueda reanudar su labor humanitaria sin restricciones ni chantaje político. También pidió presión internacional para aumentar la presión sobre Israel para que ponga fin a sus ataques contra el organismo humanitario.
En una posición similar, Albanese acusó a Israel de lanzar un ataque sistemático contra el sistema de las Naciones Unidas y exigió la suspensión de la membresía de Israel en la ONU y la imposición de sanciones, incluida sobre el negocio de armas con la entidad ocupante.
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