“Hoy, nos volvemos a ratificar en estado de emergencia para poder defender cualquier intento de desestabilización al país, al Gobierno”, afirmó el miércoles Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB.
Huarachi se refirió, de esta manera, a la medida de la derecha de negar a reconocer un dictamen de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Bolivia que aclara que no hubo “manipulación” en las elecciones presidenciales de 2019, tras las cuales la oposición dio un golpe de Estado en contra del expresidente boliviano Evo Morales.
La Fiscalía cerró el caso de “fraude electoral” el martes, en base a un estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España, que establece que no existió una “manipulación”. Esta decisión ha provocado el rechazo de los líderes de la oposición.
El informe de la Universidad de Salamanca, al igual que tantos estudios internacionales, confirma que la denuncia de "fraude" es la mentira del siglo. Nunca pedí ni pediré que se engañe al pueblo. Por eso derrotamos con honestidad a la derecha golpista que ahora busca impunidad. pic.twitter.com/kW34XvFJ0F
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 28, 2021
En este sentido, Huarachi enfatizó que estarán alertas antes cualquier intento de movilización o toma de instituciones por parte de la oposición e indicó que se están organizando a nivel nacional para que los trabajadores defiendan estoicamente la recuperación de la democracia en Bolivia.
Asimismo, llamó a la unidad de la clase obrera ante crecientes manifestaciones de los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos, que niegan el informe que desestima el fraude electoral.
El golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales tuvo lugar en noviembre de 2019 por la oposición boliviana, respaldada por el Occidente, que desconoció la reelección del exmandatario en los comicios presidenciales de ese mismo año.
Morales dimitió, como él mismo dijo, “para preservar la paz”, tras semanas de violentas protestas de la oposición. Tras su dimisión, el gobierno de facto de Jeanine Añez se autoproclamó, lo que desató protestas de los partidarios de Morales a lo largo del país, pero las manifestaciones fueron reprimidas brutalmente y dejó como saldo más de 30 personas muertas y 800 heridas.
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