La magistrada Claudia Castro emitió el lunes la resolución 408/2020 en el que instruye la anulación y el archivo de la investigación contra Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero, así como otros involucrados en el caso “fraude electoral”, proceso abierto a denuncia del expresidente Carlos Mesa, entonces candidato opositor de Comunidad Ciudadana (CC).
La resolución de la Juez Tercero Anticorrupción en Materia Contra la Violencia declaró fundada “la excepción de prejudicialidad y falta de acción y, en mérito a ello, dispuso la suspensión del proceso penal y el archivo de actuaciones jurisdiccionales y fiscales en tanto desaparezca el impedimento legal que las hubiere fundado.
La decisión de la jueza se basa en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no definió internamente si hubo o no fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019, anuladas ese mismo año, pese a la victoria de Morales.
La denuncia de Mesa sobre fraude electoral en 2019 derivó de un informe de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunciaron irregularidades en el proceso comicial. Poco después, y de oficio, la Fiscalía inició una investigación que acabó con varias exautoridades electorales nacionales y departamentales en la cárcel.
A pesar de todos los esfuerzos de algunas organizaciones —el TSE, la OEA y hasta el gobierno de facto, que lideraba entonces en Bolivia, Jeanine Áñez— en contra del Movimiento al Socialismo (MAS), este partido, fundado por Morales, volvió el pasado noviembre al poder .
Un año antes, la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, y la oposición boliviana orquestaron un golpe de Estado contra Morales, suceso tras el cual, el líder indígena renunció a su cargo para evitar más actos violentos en el país andino.
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