Esta ley otorga amplios poderes para juzgar colectivamente a más de 400 prisioneros palestinos acusados de involucrarse en los acontecimientos llevados a cabo el 7 de octubre de 2023 por combatientes de la Resistencia en Gaza contra el régimen israelí en respuesta a las crecientes atrocidades del régimen ocupante contra los palestinos y la profanación de la Mezquita Al-Aqsa.
Según informes, la ley allana el camino para la ejecución formal de sentencias de muerte y crea una nueva vía legal que muchos consideran un mecanismo de venganza política.
La ley fue aprobada con el apoyo sin precedentes de 93 miembros del partido gobernante e incluso de la oposición, y los medios israelíes la han descrito como “el juicio más importante desde el caso de Adolf Eichmann”.
La nueva ley establece un tribunal militar especial en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) para juzgar a los presos y concede a los jueces una amplia discreción para admitir pruebas obtenidas bajo “condiciones coercitivas que pueden constituir tortura o malos tratos”, lo que supone una reducción deliberada de las garantías legales diseñadas para asegurar juicios justos.
Este tribunal puede dictar sentencias de muerte por lo que denomina “otros delitos graves”, además de los casos de asesinato. Un aspecto significativo de la ley es la prohibición de cualquier liberación de estas personas mediante intercambios de prisioneros; es decir, quienes sean condenados a muerte o enfrenten cargos que puedan conllevar la pena capital no serán liberados, ni siquiera en virtud de acuerdos políticos.
Los juicios se transmitirán en directo, al igual que el juicio de Eichmann. En la mayoría de las sesiones, los presos no serán trasladados a la sala del tribunal y estarán presentes de forma virtual desde el interior de la prisión.
La ley ha suscitado gran preocupación por la posibilidad de que el poder judicial se convierta en un instrumento de venganza política, sobre todo porque utiliza términos ideológicos como “crímenes contra el pueblo judío”, que, según expertos legales, sitúan los casos fuera del marco penal habitual.
Los expertos predicen que los juicios podrían durar años. Los analistas también afirman que la ley es mucho más práctica y peligrosa que una propuesta anteriormente por el ministro de seguridad interna, Itamar Ben-Gvir, que contenía una definición vaga de “asesinato con la intención de negar la existencia de Israel”.
🎥 El ministro israelí, Itamar Ben-Gvir, celebra durante su cumpleaños la pena de muerte para los palestinos con una tarta que tiene el dibujo de una soga pic.twitter.com/rBs2dnBDcZ
— Público (@publico_es) May 4, 2026
Organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos condenaron la legislación como una violación flagrante del derecho internacional, argumentando que transforma el proceso judicial en un espectáculo político diseñado para lograr condenas masivas.
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