El canal 13 de Israel reveló el domingo que las autoridades penitenciarias del régimen han diseñado planes para implementar ejecuciones, que incluyen la construcción de una instalación exclusiva, la creación de equipos especializados y la aplicación de estrictas medidas de aislamiento para los condenados a muerte.
Las ejecuciones, según lo previsto, se realizarían mediante ahorcamiento, con tres guardias presionando los botones de manera simultánea. Los internos condenados serían mantenidos completamente aislados del resto de los prisioneros.
Para llevar a cabo estos procedimientos, se reclutarán voluntarios entrenados, y todos los preparativos se realizarán con anticipación. Además, el régimen sionista planea ejecutar los fallos dentro de los 90 días posteriores a la confirmación definitiva de la condena.
La ley prioriza a lo que las autoridades israelíes denominan “presos de élite”, término que aplica a cientos de detenidos provenientes de Gaza, seguidos por palestinos capturados posteriormente en la Cisjordania ocupada por supuestas “operaciones graves”.
El canal hebreo también informó que se espera que una delegación del servicio penitenciario israelí viaje a un país de Asia Oriental que aplica métodos de ejecución similares.
Las facciones palestinas han condenado enérgicamente la aprobación de la ley y los planes de ejecución reportados.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), con base en Gaza, describió la legislación como una extensión de las “políticas racistas y criminales de Israel”, señalando que legaliza asesinatos masivos organizados.
HAMAS hizo un llamado a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a organizaciones de derechos humanos para que condenen la medida, impongan sanciones y creen comités de investigación que supervisen las condiciones en las prisiones israelíes, donde la tortura sistemática ya ha provocado decenas de muertes.
Por su parte, la Yihad Islámica Palestina, otro grupo de Resistencia de Gaza, calificó la ley de “una peligrosa escalada en el continuo exterminio y limpieza étnica del pueblo palestino”, destacando que el sistema legal dual del régimen castiga a los palestinos, mientras otorga inmunidad a colonos y fuerzas que violan normas internacionales.
Estos acontecimientos se producen pocos días después de que un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU haya condenado el proyecto israelí y pedido su inmediata retirada.
El proyecto de ley, impulsado por el ministro de finanzas israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, aprobó su primera lectura en el parlamento israelí en noviembre pasado, y aún debe pasar la segunda y tercera lecturas para convertirse en ley.
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