Horacio Medina, jefe de una junta que supervisa los activos petroleros externos de Venezuela, anunció el viernes que la oposición de Venezuela está elaborando una propuesta para redirigir a EE.UU. unos 200 000 barriles por día de sus exportaciones a China para un fideicomiso con el que pagar a los que reclaman los activos extranjeros de la nación sudamericana.
La propuesta requeriría autorización del Departamento del Tesoro estadounidense y la petrolera estatal PDVSA no tendría acceso al flujo de caja de esas exportaciones.
Esto mientras que Caracas considera que todo acuerdo de pago o transacción con relación a deudas, controversias, litigios o decisiones judiciales que involucren a Venezuela, en base a licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, serán declaradas nulas desconocidas por el Estado venezolano.
El Parlamento de Venezuela denunció en mayo pasado que Washington tiene la intención de despojar al país bolivariano de sus activos.
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Mientras la oposición prepara dicha propuesta, la negativa del tribunal estadounidense da luz verde a la subasta para que empresas puedan hacerse con acciones de Citgo, filial de PDVSA.
De hecho, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el viernes una moción de Venezuela para evitar que seis empresas se unieran a una subasta planificada de acciones en una de las compañías matrices de Citgo Petroleum con la que se busca hacer cumplir sentencias por incumplimientos y expropiación de activos.
Un juez en EE.UU. aprobó en octubre pasado un cronograma para la subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum —que podría forzar la ruptura de la compañía de refinación propiedad de Venezuela— para pagar a la minera de oro canadiense Crystallex una sentencia de 1400 millones de dólares por la expropiación de sus activos.
El Gobierno de Nicolás Maduro denunció “la ilegal orden” dictada por el juez estadounidense, y dijo que “esta temeraria decisión es viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta”.
En efecto, las autoridades venezolanas alertaron que estas acciones sientan un peligroso precedente que podría representar el inicio de un periodo oscuro, relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense.
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