En otro ejemplo flagrante de la complicidad occidental con Isreal, el fallo del juez Jeremy Johnson se dio a conocer mientras cientos de simpatizantes del grupo Palestine Action (Acción Palestina) se manifestaban frente al Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sureste de Londres, el viernes.
La Policía Metropolitana arrestó a 107 manifestantes pacíficos que se habían congregado para mostrar su apoyo a los activistas.
En agosto de 2024, en pleno apogeo de la guerra genocida del régimen israelí contra Gaza, Charlotte Head (30), Samuel Corner (23), Leona Kamio (30) y Fatema Rajwani (21) llevaron a cabo una acción directa en la fábrica de Elbit Systems —la mayor empresa militar israelí y una compañía señalada repetidamente por expertos de la ONU por beneficiarse del genocidio en curso en Gaza— situada cerca de Bristol.
Protesters gathered outside Woolwich Crown Court to denounce the potential "terrorist" sentence against the "Filton 24" group, who are being trialed over a protest at an Israeli defense facility in Bristol in 2024. pic.twitter.com/eUTlcHddtf
— Quds News Network (@QudsNen) June 12, 2026
Los activistas causaron daños valorados en aproximadamente 1,2 millones de libras esterlinas a equipos militares destinados a las fuerzas israelíes de ocupación. Su objetivo era interrumpir el suministro de armamento utilizado para matar a civiles palestinos indefensos y presionar para el cierre de esta fábrica israelí de armas que opera en el territorio británico.
Sin embargo, el juez declaró que los daños “tenían una conexión con el terrorismo”, porque los activistas están vinculados a Palestine Action, el grupo de acción directa propalestino que el Gobierno británico había proscrito como “organización terrorista” en julio de 2025.
Outside Woolwich Crown Court early this evening. pic.twitter.com/NojYhenNPy
— London & UK Street News (@CrimeLdn) June 12, 2026
Cabe destacar que, posteriormente, el Tribunal Superior dictaminó en febrero de 2026 que dicha proscripción era ilegal. No obstante, el Gobierno británico ha recurrido esa decisión y mantiene la prohibición mientras continúa el proceso de apelación.
Según la legislación vigente, incluso la pertenencia al grupo o la manifestación pública de apoyo al mismo constituyen ahora delitos en el Reino Unido, castigados con penas de hasta 14 años de prisión.
Como consecuencia de la decisión judicial que estableció esa “conexión con el terrorismo”, los cuatro activistas no podrán acogerse a los mecanismos ordinarios de libertad anticipada.
En su lugar, una Junta de Libertad Condicional evaluará el supuesto “riesgo para la sociedad” que representan antes de que puedan ser puestos en libertad.
A su vez, Amnistía Internacional anunció que la audiencia de sentencia corre el riesgo de marcar un nuevo mínimo en la continua represión de las protestas en todo el Reino Unido.
“Los daños a la propiedad nunca antes habían sido tratados como terrorismo dentro del sistema judicial británico, y resulta completamente desproporcionado hacerlo únicamente porque el delito se produjo en el contexto de una protesta”, destacó la organización.
Asimismo, añadió que “el uso de la legislación antiterrorista para reprimir a activistas que participan en acciones directas sienta un peligroso precedente para los derechos fundamentales en este país y debe llegar a su fin”.
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