• El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una entrevista al margen de la 17 Feria Internacional del Libro en Caracas. 5 de noviembre de 2021 (Fuente: @NicolasMaduro)
Publicada: viernes, 5 de noviembre de 2021 18:43
Actualizada: viernes, 5 de noviembre de 2021 19:35

El presidente Venezuela, Nicolás Maduro, dice ser víctima de una guerra judicial de parte del imperialismo, luego de que la CPI abra una investigación en el país.

“Soy víctima de un ‘lawfare’ (guerra jurídica) imperial internacional. Como no pueden hacerlo en Venezuela porque aquí tenemos instituciones sólidas se buscan instituciones en el mundo para presentar a las víctimas de asesinatos y agresiones como víctimas”, precisó el mandatario venezolano desde el Palacio Federal Legislativo, donde el jueves se inauguró la 17.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela.

En este sentido, denunció las pretensiones de quienes buscan convertir a los “victimarios de asesinatos de las guarimbas [protestas de 2017] en acusadores” para llevarlo a la justicia. “Se fabrican mediáticamente testigos, testimonios y pruebas falsas”, agregó.

Sus declaraciones se producen un día después de que Caracas firmara un memorando de entendimiento con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que abrirá una investigación formal a su Gobierno por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante las protestas del año 2017 contra la gestión del Gobierno de Maduro.

Fiscalía descarta que existan motivos para que CPI investigue a Venezuela

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseveró que no existen “motivos” suficientes para que la CPI abra una investigación contra el país caribeño por presunta violación de los derechos humanos.

En este sentido, aseguró que el Poder Judicial trabajará en conjunto con la CPI, tal y como lo acordó el 3 de noviembre y negó que en Venezuela ocurran crímenes de lesa humanidad y que la justicia ha actuado correctamente sobre el tema en cuestión.

En 2017, la violencia se extendió por cuatro meses, con decenas de muertos, entre los que se encontraban soldados y policías que intentaban restituir el orden y varios simpatizantes del Gobierno que fueron linchados y quemados por opositores.

El tribunal de justicia internacional, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió en febrero de 2018 un examen preliminar para investigar presuntos delitos en Venezuela en las manifestaciones que se desataron en 2017 después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó temporalmente las funciones de la Asamblea Nacional (AN), que en aquel entonces controlaba la oposición, y revocara la inmunidad a los diputados.

Caracas rechaza las alegaciones sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos y asegura que estos complots tienen como objetivo agredir a la República Bolivariana.

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