Por Xavier Villar
Para Estados Unidos e Israel, su figura aparecía como el eje central de la doctrina de disuasión iraní, de su proyección regional y de la coherencia ideológica del sistema político. El ataque conjunto israelí-estadounidense contra su residencia en Teherán, bajo los códigos “Roaring Lion” y “Epic Fury”, fue presentado como una operación de decapitación: la lógica era simple, al menos en la perspectiva de los agresores, y brutal en su claridad: eliminar la máxima autoridad para desestabilizar el sistema.
Donald Trump calificó la acción de “justicia estratégica”, situando a Irán como fuente de inestabilidad regional y sugiriendo que la eliminación del Líder ofrecería un margen de maniobra que ni la diplomacia ni las sanciones podrían garantizar. La decisión no se produjo en un vacío político: en Estados Unidos, la imagen de Trump estaba atravesada por su relación de décadas con el financiero Jeffrey Epstein, cuyos archivos judiciales recientemente liberados revelan acusaciones de abusos sexuales contra menores. La percepción pública de Trump sobre Epstein pasó de comentarios despreocupados, a un supuesto distanciamiento, y finalmente a la condena explícita de sus actos para 2024, ilustrando un entorno político altamente cargado en el que se tomaron decisiones de seguridad internacional.
Para Israel, la operación se desarrolló bajo intenso escrutinio global. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. El tribunal determinó que habían empleado el hambre como método de guerra, atacado deliberadamente a la población civil y cometido actos inhumanos, incluyendo asesinato y persecución. Los ataques dejaron más de 71.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, destruyeron infraestructuras esenciales y desplazaron a una gran parte de la población. Diversos expertos y organizaciones de derechos humanos han calificado estas acciones de genocidio.
La cultura del martirio y la identidad de resistencia
El ayatolá Jamenei no concebía la resistencia frente a Estados Unidos y las presiones internas como un mero instrumento táctico; para él constituía un componente central de la identidad política y de la narrativa estructurante de la República Islámica. La cultura del martirio, arraigada en la historia chiita, transforma la muerte potencial en un acto de legitimidad y fortaleza. Esta tradición trasciende lo estrictamente iraní y forma parte de un marco más amplio compartido por los actores del denominado Eje de la Resistencia, donde el sacrificio personal y colectivo se vincula tanto a la lucha política como a una lógica religiosa frente a la opresión.
El paradigma de Karbala, donde Husáin ibn Ali y sus seguidores fueron asesinados en 680 CE, sigue presente como referente moral e institucional. En la concepción de la República Islámica, el martirio no es la negación de la vida, sino un acto simbólico que refuerza la cohesión interna y valida la legitimidad del sistema frente a adversarios externos e internos. Tras el martirio del ayatolá Jamenei, esta lógica adquirió una dimensión literal y performativa: su caída se presenta como un acto de martirio revolucionario, destinado a consolidar la unidad interna y reafirmar el compromiso con la resistencia frente a potencias hostiles. La narrativa oficial transforma la muerte individual en un símbolo de continuidad institucional.
El ayatolá Jamenei heredó y cultivó esta perspectiva con disciplina estratégica. La rendición era sinónimo de humillación y pérdida de autoridad. La experiencia de 1988, cuando el Imam Jomeini aceptó la Resolución 598 de la ONU al final de la guerra con Irak, quedó codificada como un “cáliz de veneno”: una concesión dolorosa, aceptada como necesidad, pero que no debía repetirse. Esta visión combinaba memoria histórica, cálculo estratégico y legitimidad basada en la capacidad de sostener la República ante crisis extremas, incluso al precio de la propia vida.
En esta matriz conceptual, el martirio no es un sacrificio religioso abstracto, sino un instrumento político. El asesinato del Líder no implica necesariamente derrota; es interpretada por el aparato estatal y sectores de la élite religiosa como validación del proyecto ideológico y reafirmación de la identidad revolucionaria. Así, el mártir se convierte en un recurso de cohesión estratégica que, aunque apoyado en referencias religiosas, cumple funciones profundamente políticas y estructurales en la legitimación de la República Islámica frente a sus adversarios.
Continuidad institucional y autonomía estratégica
El diseño institucional de la República Islámica prevé la gestión de transiciones de liderazgo sin crisis sistémica. El Consejo de Guardianes supervisa elecciones y controla la coherencia política. La Asamblea de Expertos selecciona al Líder Supremo, equilibrando legitimidad clerical y competencia estratégica. El Consejo de Discernimiento media entre poderes en disputa, y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución protege tanto la seguridad interna como la postura regional. El Artículo 111 de la Constitución prevé la transferencia temporal del poder a un consejo compuesto por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un clérigo senior para prevenir vacíos de autoridad.
Entre los miembros destacados del liderazgo interino se encuentra el ayatolá Alireza Arafi, quien compartirá responsabilidades con el presidente Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Qolam Hosein Mohseni Eyei. Esta composición refleja el compromiso de la República con la continuidad institucional. El poder real se ejerce a través de redes y consenso; el CGRI no nombra formalmente al líder, pero su evaluación de la continuidad estratégica resulta decisiva. La preservación de cohesión y disuasión prevalece sobre las preferencias individuales, garantizando que los cambios de liderazgo no se traduzcan en inestabilidad sistémica.
El ayatolá Jamenei ejemplificó esta filosofía. Nacido en Mashhad en 1939, transitó un período post-revolucionario marcado por intervenciones extranjeras, conflictos internos y guerra. Su presidencia durante la fase final de la guerra Irán-Irak y la reconstrucción posterior se centró en la supervivencia y la cohesión administrativa. Su autoridad sobre las fuerzas armadas, influencia en los consejos de supervisión y mediación entre facciones políticas permitió consolidar una doctrina de autonomía estratégica. Las negociaciones nucleares, las alianzas regionales y la postura de disuasión fueron expresiones tácticas de un sistema más amplio de soberanía. Su gobierno se definió por la consolidación institucional más que por el carisma individual.
Llamados externos a la movilización bajo la idea de que el estado depende de un solo líder reflejan un profundo malentendido. Las experiencias históricas de fragmentación invitaron repetidamente a la intervención extranjera, modelando un sistema post-1979 diseñado para proteger la autonomía estratégica. El Imam Jomeini codificó un principio elemental: la preservación de la República Islámica está por encima de cualquier funcionario. El ayatolá Jamenei gobernó dentro de esta jerarquía. El sistema que deja está pensado para absorber choques, mantener cohesión y asegurar continuidad durante las transiciones.
El ataque eliminó una figura central, pero su impacto estructural se medirá por la resistencia de las instituciones que sostienen al Estado. Las percepciones erróneas de actores externos, influidas por presiones internas en EE.UU. y la atención internacional sobre Israel, reflejan una comprensión incompleta: la República Islámica no es un régimen centrado en la personalidad de un individuo. Su fortaleza reside en la gobernanza colectiva, los mecanismos institucionales y la previsión estratégica de largo plazo.
Incluso sin Jamenei, la arquitectura política iraní —reforzada por el Consejo de Guardianes, la Asamblea de Expertos, el Consejo de Discernimiento y el CGRI— garantiza continuidad. La toma de decisiones se distribuye a través de redes institucionalizadas, consultas clericales y revisiones de seguridad. La doctrina estratégica, la postura regional y la cohesión interna permanecen intactas. La República está diseñada no solo para sobrevivir, sino para proyectar estabilidad y disuasión bajo presión extrema.
Al evaluar la operación, los observadores deben ir más allá del efecto inmediato. La resiliencia de la República Islámica está incrustada en un sistema que trata la pérdida del liderazgo como prueba, no como crisis. El martirio refuerza la autoridad moral. Las redes institucionales protegen la capacidad operativa. La cultura estratégica asegura continuidad. La eliminación del ayatolá Jamenei marca un momento histórico, pero difícilmente provocará el colapso sistémico que anticipan sus adversarios.
