El gobierno de Estados Unidos ha bloqueado que el Ejecutivo venezolano pague los honorarios legales del presidente Maduro en su juicio federal en Nueva York, tras revertir una autorización que brevemente lo permitía, lo que según su abogado afecta su derecho a una defensa adecuada.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. revocó sin explicación una autorización que inicialmente había emitido el 9 de enero (seis días después del secuestro de Maduro) para que el Gobierno de Venezuela financiara la defensa legal del presidente venezolano en el proceso penal que enfrenta por cargos federales, entre ellos narcotráfico.
Menos de tres horas después, la licencia fue enmendada para impedir que se usaran fondos estatales venezolanos en el pago de los honorarios de su abogado principal, Barry Pollack, mientras que la autorización para la defensa de su esposa, Cilia Flores, se mantuvo vigente.
Pollack ha argumentado ante un juez federal en Manhattan que esta decisión afecta el derecho constitucional de Maduro a contar con abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda, y ha solicitado que el tribunal obligue a restablecer la licencia o incluso desestime la acusación.
El abogado ha indicado que, bajo la ley y la práctica de su país, “el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro” y que el líder venezolano no puede financiar por sí mismo esta representación.
Esta es la carta de Barry Pollack, abogado del Presidente Nicolás Maduro, en la que informa al juez Alvin Hellersteinz del Tribunal de la causa que se le sigue al Presidente, que la OFAC revocó una licencia previamente otorgada que autorizaba al Gobierno de Venezuela a costear el… pic.twitter.com/8dSMOccnH0
— William Castillo Bollé (@planwac) February 26, 2026
La disputa se da en el contexto de un caso federal en el que Maduro y su esposa se declararon inocentes en Nueva York de los cargos que enfrentan, una situación que su defensa atribuye a una interferencia directa en sus derechos procesales fundamentales.
La revocación de la licencia ha desatado un debate legal y constitucional, ya que la OFAC mantiene una autorización separada para que el gobierno venezolano pague la defensa de Cilia Flores, mientras bloquea el pago de la defensa de Nicolás Maduro.
La defensa ha solicitado al tribunal que intervenga para restablecer la autorización original concedida por la OFAC o incluso que se desestimen los cargos si no se garantiza el derecho de Maduro a contar con un abogado, argumentando que la revocación del permiso interfiere con sus derechos constitucionales en el proceso penal.
Estados Unidos ha presentado cargos que incluyen supuestos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, acusaciones que las autoridades venezolanas califican de infundadas y parte de una campaña para justificar la intervención en el país sudamericano.
Ambos tienen una audiencia programada para el 26 de marzo en el tribunal federal de Nueva York, en el marco de un caso que combina elementos de política exterior, sanciones económicas y derechos procesales fundamentales.
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