“Cuando Trump habla de paz utilizando el lenguaje de la fuerza, en realidad está hablando de la ley de la selva y ha afirmado que quien tenga más poder puede hacer lo que le venga en gana”, ha declarado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, tras la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní.
Además, ha puntualizado que la política estadounidense se desarrolla a pesar de que todas las naciones “han procurado que la paz se alcanzara mediante la diplomacia y el diálogo”.
Al señalar que “tal planteamiento supone, en la práctica, destruir todos los logros de la comunidad internacional a lo largo de los últimos 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, Araqchi ha enfatizado que “casi todos los países” consideran la política de paz impuesta por la fuerza de EE. UU. como “un grave problema”.
Araqchi también ha informado a los legisladores sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, subrayando que la embajada de Irán en Caracas sigue en pleno funcionamiento y que el embajador y el personal diplomático han continuado su trabajo con normalidad.
Ha afirmado que la situación de los ciudadanos iraníes en Venezuela se ha estado monitoreando de cerca y que hasta el momento no se han reportado problemas de seguridad ni de bienestar. Según el funcionario iraní, el aparato diplomático de Irán está preparado para cualquier escenario posible.
La madrugada del sábado, Estados Unidos llevó a cabo una acción militar masiva contra Venezuela, que afectó a la ciudad de Caracas y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa.
De hecho, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, publicada en noviembre de 2025, ha presentado una política denominada “paz mediante la fuerza”, en la que se sostiene que EE. UU. puede emplear su poder militar para impulsar sus objetivos transfronterizos.
Este lunes, los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. han trasladado al presidente venezolano, junto con su esposa, al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El Gobierno de EE. UU. ha acusado a Maduro de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. Por su parte, Caracas ha señalado que no existen pruebas que vinculen al presidente venezolano con el narcotráfico y ha advertido que el único interés de EE. UU. es apropiarse del petróleo venezolano.
La agresión militar estadounidense ha desatado un aluvión de críticas y condenas a nivel internacional, desde las Naciones Unidas que han advertido que el ataque constituye “un precedente peligroso”, hasta Irán, Rusia, China y muchos países latinoamericanos que han considerado el secuestro de Maduro como un acto de terrorismo de Estado, enfatizando que Venezuela “tiene el derecho a decidir su propio destino sin ninguna intervención destructiva”.
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