“La República Islámica de Irán condena en duros términos la emisión de veredictos en ausencia, con inclinaciones políticas, unilaterales, y sin fundamento, de los tribunales de EE.UU. contra Irán y los considera inaceptables e inválidos”, ha declarado este lunes Qasemi.
Estas declaraciones se producen después de que un juez federal del Distrito Sur de Nueva York (noreste de EE.UU.) condenara el pasado 1 de mayo a Irán a indemnizar con seis mil millones de dólares a un grupo de supervivientes de los atentados del 11-S, pese a la falta de pruebas sobre un supuesto vínculo entre Teherán y los autores de los ataques.
Conforme al vocero de la Cancillería persa, condenar a Irán por un atentado terrorista cuyos responsables, según han confirmado varios informes, son todos ciudadanos de Estados aliados regionales de EE.UU., no sólo cuestiona al derecho internacional, sino que ridiculiza e insulta a los afectados, especialmente, a los sobrevivientes.
La República Islámica de Irán condena en duros términos la emisión de veredictos en ausencia, con inclinaciones políticas, unilaterales, y sin fundamento, de los tribunales de EE.UU. contra Irán y los considera inaceptables e inválidos”, dice el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Bahram Qasemi.
En este contexto, Qasemi ha informado que Teherán ha presentado su protesta oficial al Gobierno de Washington a través de la Sección de los Intereses de la República Islámica de Irán en Washington D.C. (capital estadounidense).
“La emisión de este tipo de fallos ilegales es una clara violación de los compromisos, reglas y procedimientos aceptados en el marco del derecho internacional basado en la necesidad de respetar la inmunidad judicial de los Estados, y la República Islámica del Irán se reserva todos sus derechos para perseguirla eficazmente y compensar posibles pérdidas”, ha asegurado el funcionario iraní.
El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda logró hacerse con el control de cuatro aviones: dos se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y otro contra el edificio del Departamento de Defensa (el Pentágono). El cuarto aparato se precipitó en el estado de Pensilvania (noreste). Los atentados se saldaron con alrededor de 3000 muertos.
Según las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés), oficiales del Gobierno de Arabia Saudí estuvieron involucrados en estos ataques, por haber financiado a los atacantes.
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