El bloque comunitario ha anunciado en un comunicado emitido este martes que ha extendido una prohibición de viajes y congelación de activos contra 82 personas iraníes y una entidad, y también una prohibición de las exportaciones de la UE a Irán de equipos de vigilancia de telecomunicaciones y otros artefactos.
En concreto, el Consejo Europeo (CE) prolonga hasta abril de 2018 las sanciones contra el país persa por "graves violaciones a los derechos humanos" que alega sin pruebas que Irán comete, una medida más limitada que las restricciones que el bloque levantó tras un acuerdo internacional sobre el programa de energía nuclear de Teherán.
Estas sanciones fueron impuestas contra la República Islámica por primera vez en 2011 y la prórroga prolonga las sanciones hasta el 13 de abril de 2018. En su nota, el CE señala que las actas legales para que la decisión entre en vigor se publicarán el miércoles en el Diario Oficial de la UE.
Teherán denuncia que este tipo de sanciones tienen motivaciones políticas. El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, Mohamad Yavad Lariyani, ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en la República Islámica.
Después de la entrada en vigor del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) sobre el programa de energía nuclear iraní —alcanzado entre Teherán y el Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania)—, se revirtió una década de duras sanciones financieras y comerciales occidentales contra Irán.
La llegada del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca ha dificultado el acercamiento de la UE a Irán, sobre todo porque Trump ha adoptado una línea más dura que la anterior Administración, y contra el acuerdo nuclear firmado.
También cabe recordar que la extensión de las mencionadas sanciones se produce en momentos en los que han aumentado las tensiones sobre el apoyo de Teherán al Gobierno del presidente sirio, Bashar al-Asad, cuya salida del poder se ha convertido en una de las prioridades de la UE.
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