En un comunicado, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem, ha afirmado que el régimen israelí, al que describió como extremista, mediante la intensificación de la colonización, intenta destruir al pueblo palestino y apropiarse de sus tierras.
Qasem ha advertido que esta política constituye una amenaza existencial, cuya confrontación —ha dicho— requiere unidad nacional palestina. Asimismo, ha subrayado la necesidad de elaborar un programa nacional integral que permita hacer frente de manera efectiva a lo que ha calificado como una nueva escalada de la ocupación israelí.
Un informe publicado este domingo por el medio The Cradle ha señalado que el gabinete israelí aprobó un amplio paquete de medidas destinadas a acelerar la expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada y a reforzar el control israelí sobre el territorio.
Israeli cabinet moves to deepen de facto annexation and expand settlements across West Bank
— The Cradle (@TheCradleMedia) February 8, 2026
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Israel’s cabinet has approved a sweeping set of measures pushed by Finance Minister Bezalel Smotrich and Defense Minister Israel Katz that significantly deepen Israeli control over the… pic.twitter.com/28DKmHdsuc
Las iniciativas han sido impulsadas por dos destacados ministros del gabinete israelí: el ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de asuntos militares, Israel Katz, ambos conocidos por sus posturas abiertamente hostiles hacia la población palestina y por sus esfuerzos sostenidos para socavar los derechos de los habitantes de los territorios ocupados, según el informe.
De acuerdo con las informaciones disponibles, las nuevas políticas buscan eliminar restricciones que durante décadas han limitado el crecimiento de los asentamientos. Entre las medidas figura la eliminación de normas de confidencialidad en los registros de tierras y la derogación de una ley de la época jordana que prohibía la venta de tierras a judíos en la Cisjordania ocupada.
Asimismo, se prevé la reactivación de un comité de adquisición de tierras, inactivo desde hace más de 20 años, con el objetivo de facilitar compras a gran escala destinadas a asegurar terrenos para la expansión futura de los asentamientos.
El paquete de decisiones también contraviene el Protocolo de Hebrón de 1997, que otorgaba a la municipalidad palestina competencias en materia de planificación y construcción en las áreas de asentamientos judíos de Al-Jalil (Hebrón), incluidas las zonas cercanas a la Mezquita Ibrahimi. Las nuevas disposiciones trasladan dichas atribuciones a la administración civil israelí.
Otras resoluciones previstas podrían alterar el statu quo en torno a la Tumba de Raquel, en Beit Lahm (o Belén), así como en las Áreas A y B de Cisjordania, que se encuentran bajo control administrativo palestino. Como consecuencia, las autoridades israelíes podrían demoler edificaciones palestinas en el Área A, bajo el argumento de proteger sitios arqueológicos y patrimoniales.
Medios israelíes señalaron que Smotrich y Katz han promovido estas medidas con el fin de consolidar apoyo político de cara a las próximas elecciones en los territorios ocupados.
Analistas advierten que los cambios introducidos en los procedimientos de propiedad y compra de tierras en la Cisjordania ocupada serán difíciles de revertir jurídicamente, lo que podría traducirse en una expansión significativa y duradera de los asentamientos israelíes en el territorio.
El pasado julio, la ONU tachó de “ilegales” todos los asentamientos en Cisjordania, subrayando que “Israel tiene la obligación, como lo ha confirmado la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de evacuar inmediatamente a todos los colonos israelíes y poner fin lo antes posible a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado”.
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